La SGAE ultima un acuerdo para cortar Internet a quienes intercambien archivos 2
La SGAE está «en la ultima fase de firmar un acuerdo con Redtel, bastante parecido al modelo francés«. Son declaraciones de Teddy Bautista, presidente del Consejo de Dirección General de dicha entidad privada, publicadas en una web de ADSL. Según esta información, las negociaciones de la SGAE con los operadores de Internet en España, para que vigilen a los usuarios de redes P2P e incluso les corten la conexión si reinciden, están llegando a buen puerto, y cuentan incluso con la «participación del Ministerio de Cultura y el de Industria».

Para entender mejor estas declaraciones, primero conviene aclarar algunos términos. Por partes. Redtel es una asociación en la que se encuentran representados los operadores nacionales de telecomunicaciones con red propia: ONO, Orange, Telefónica y Vodafone. El modelo francés consiste en que los operadores vigilen a sus clientes de Internet, para avisarles en caso de que éstos usen redes de intercambio de archivos como eMule. Al tercer aviso, el operador dejarí­a a su cliente sin conexión.

La SGAE es una polémica organización, ya conocida por todos, que supuestamente defiende los derechos de los autores (hay quien piensa que más bien defienden sus propios beneficios y los de la industria discográfica) y que a pesar de ser privada recauda un impuesto público como el canon digital. Además, como ya hemos comentado hace poco, una juez acaba de dictaminar que llamar «ladrones» a quienes dirigen esta organización no supone delito alguno.

En cuanto a los ministerios citados por Bautista en sus declaraciones, el primero (Cultura) está trabajando en una nueva normativa contra la piraterí­a que comenzarí­a a aplicarse en 2010, y está encabezado por César Antonio Molina (un polí­tico sobre quien recientemente se ha iniciado una campaña en Internet para que dimita). Por su parte, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio está presidido por Miguel Sebastián, un controvertido polí­tico capaz de leer completamente al revés los informes sobre banda ancha.

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Teniendo en cuenta estas breves aclaraciones, las palabras de Teddy Bautista vendrí­an a decir que las posturas de SGAE, Gobierno y operadores se han acercado bastante en esta materia. A raiz de este acuerdo, se podrí­an crear normativas como el ya citado sistema de avisos y la desconexión de los internautas (como se hace ya en Francia y Gran Bretaña), junto con una fórmula intermedia que consistirí­a en ralentizar las velocidades de conexión de los usuarios de redes P2P.

Todaví­a no hay nada definitivo, pues nos estamos basando sólo en unas declaraciones. En ellas, por cierto, el responsable de la SGAE afirma que el citado acuerdo buscarí­a «un punto de equilibrio entre los intereses del consumidor y las operadoras». Algo que contrasta bastante con anteriores declaraciones de Molina, quien afirmó que el Gobierno aprobará «medidas antipopulares» en esta materia. Y es que «antipopular» e «intereses del consumidor» son conceptos que no casan mucho, la verdad.

Ya veremos en qué se traducen estas negociaciones, pero tenemos la impresión de que los consumidores no van a considerar que sus intereses estén muy bien defendidos. Sobre todo aquellos que viesen su conexión cortada o ralentizada por hacer algo que no es delito. Pero en fin. Si las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las posturas de otros organismos como el Parlamento Europeo no han servido para nada, ¿en qué va a influir la opinión mayoritaria de los votantes o ciudadanos?

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