Durante el día de ayer el Congreso de los Diputadas aprobaba una de las leyes más controvertidas de los últimos años. Popularmente conocida como Ley Mordaza Digital (Real Decreto-Ley 14/2019), la nueva legislación en materia de telecomunicación, administración digital y contratación del sector público tratará de simplificar, o mejor dicho, eliminar, los procesos legales que hasta ahora que se requerían para obtener y controlar la información procedente de servicios en línea. Pero, ¿cómo nos afecta realmente esta medida a los usuarios de Internet? ¿Supondrá el cese de multitud de páginas que beben de contenidos protegidos con derechos de autor? Veamos cómo.
Nuevo cepo a las páginas web que «incumplen la legalidad vigente»
Con 10 votos en contra, 8 abstenciones y nada menos que 50 a favor, el Gobierno de Pedro Sánchez daba luz verde a un nuevo Decreto-Ley que pretende cercar aún más las páginas web que incumplen supuestamente la legalidad vigente. Para entender tanto el origen como el fin de esta medida tenemos que remontarnos un mes atrás; hasta octubre de este mismo año.
El 31 del pasado mes, el Presidente del Gobierno en funciones anunció una nueva medida que afectaría directamente a la «independencia online de Cataluña» ante la supuesta situación de emergencia de la Comunidad Autónoma. La medida fue aprobada posteriormente y aplicada tan solo cinco días más tarde – concretamente el 5 de noviembre – a través de una actualización del BOE (Boletín Oficial del Estado).
El objetivo principal del nuevo Decreto Ley era «defender la vida de los ciudadanos» y «tomar las medidas oportunas ante una emergencia natural». La nueva actualización de la propuesta del Gobierno acoge, sin embargo, nuevas acepciones que vienen a concluir que «se podrán alegar motivos de orden público, seguridad pública o seguridad nacional para intervenir, con carácter legal y transitorio, cualquier infraestructura, recurso asociado o nivel de la red» por las causas mencionadas anteriormente.
Cómo afecta el nuevo Decreto Ley a Internet
El Real Decreto-Ley 14/2019 presenta una serie de acepciones que en la práctica pueden suponer el fin de la privacidad y la seguridad en Internet tal y como las conocemos.
A grosso modo, la nueva legislación viene a decir que el Gobierno se reserva el derecho y la capacidad de vetar la conexión a Internet y bloquear la red en cualquier punto del país sin orden judicial mediante y sin previo aviso. Para ello, se deberá decretar un estado de excepción o alarma que justifique la apropiación por parte del Gobierno de las redes. Aunque sin duda la medida más polémica del nuevo Decreto-Ley la encontramos en el punto en el que se hace relación al «orden público».
Desde multitud de asociaciones tachan esta última medida de coartación a la libertad de expresión y censura. «Nadie puede asegurar que un Gobierno pueda emplear la legalidad vigente para situaciones que no supongan un problema de supuesto orden público», aseguran. Otra rama de usuarios asegura que esta nueva medida podría aplicarse con fines «partidistas e ideológicos» o durante la celebración de «huelgas, protestas y manifestaciones» con el fin de descoordinar a los ciudadanos. Al fin y al cabo, «el poder judicial es el único que puede asegurar la correspondiente independencia del poder político para con los ciudadanos», afirman.
En otro orden de cosas, la aplicación del Decreto-Ley supondrá la apropiación del Gobierno de páginas web, aplicaciones móviles, redes sociales y servicios online en pos de asegurar la «seguridad de los ciudadanos». Esto puede ser aplicado no solo a empresas y servicios de terceros, también a usuarios particulares. En septiembre pudimos ver un caso bastante peculiar, orden judicial mediante: multitud de empresas estaban requiriendo a las compañías de telefonía (Movistar, Euskaltel…) datos personales y direcciones IP públicas para denunciar la descarga de contenido protegido por derechos de autor. Posteriormente las empresas enviaban notificaciones a los usuarios a través de cartas instando a estos a pagar una determinada cantidad de dinero para evitar la celebración de un juicio.
La cuestión es que la ley exige para dar datos que no sean por usuarios particulares "teniendo en cuenta el volumen apreciable de obras y prestaciones protegidas no autorizadas puestas a disposición o difundidas" no solo por una pic.twitter.com/ueMIuAcxC2
— David Maeztu (@davidmaeztu) September 13, 2019
Desde la misma medida también se veta a cualquier página web que haga uso de ciertos datos personales relacionados con el censo, el padrón o salud a través de servidores que se encuentren fuera de la Unión Europea. ¿El objetivo? «Impedir que empresas de terceros cedan los datos a ciberdelincuentes».
Abstenciones, votos en contra y posibles recursos al Tribunal Constitucional
Las críticas a esta nueva medida por parte de ciertos partidos políticos no han estado exentas de polémicas. Durante la propuesta del Decreto el pasado mes de octubre, Unidas Podemos fue uno de los pocos partidos que mostraron su desacuerdo con su aplicación. Un mes más tarde la agrupación de Pablo Iglesias se ha abstenido.
VOX y el resto de partidos nacionalistas e independentistas han votado en contra de esta nueva ley, y junto con estos, multitud de asociaciones de internautas, que han asegurado escalar un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Entre algunas de las asociaciones también se ha asegurado que escalarán el recurso al Defensor del Pueblo. De entrar a trámite por parte del Tribunal, la última palabra la tendrá este último y no el Gobierno.
La solución temporal: recurre a un servicio de VPN
Desde varias redes sociales se están proponiendo una serie de medidas para salvaguardar la privacidad en Internet. La principal y probablemente la más importante es recurrir a un servicio de VPN con el que poder simular una IP pública y con ello nuestra ubicación en distintos países fuera de la Unión Europea.
También se aconseja hacer uso de mensajería instantánea con encriptación de mensajes. Telegram puede ser una buena opción, aunque también podemos recurrir a Signal o Wire.
