Si has descargado alguna vez contenidos pirata usando plataformas de Torrent puede que pronto te veas envuelto en un problema. No queremos ser agoreros, pero ya sabes lo que dice el refranero popular: cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar.
Todo empezó en abril de 2019, hace apenas unos meses, cuando cientos de hogares recibieron a sus buzones unas cartas firmadas por un bufete de abogados español, a través de las que diferentes productoras de contenidos exigían a los usuarios el pago de unos 100 euros por capítulo de aquellas series que habían descargado de manera ilegal a través de Torrent. Aquellos que hubieran descargado películas, tendrían que descargar unos 150 euros.
En ese momento, las misivas fueron remitidas a clientes de la compañía Euskaltel, de modo que afectaban únicamente a personas ubicadas en el País Vasco. Lo que ha ocurrido ahora, y así lo relata El Confidencial, es que estas cartas también han comenzado a llegar a personas de todo el territorio español. Piden las mismas cantidades y en algunos casos, las facturas solicitadas pueden llegar a ascender a 1.300 euros por persona.
A la caza de los piratas
Estamos ante una campaña que han puesto en marcha algunas productoras y cuyo retraso (con respecto a las cartas enviadas en el mes de abril) tiene que ver con los tiempos que marca la justicia española, que son mucho más lentos – por la saturación – en comunidades como Madrid o Cataluña.
El caso es que, según informa El Confidencial, usuarios de Alicante, Barcelona, Cádiz, Madrid, Valladolid, Badajoz o Sevilla han comenzado a recibir cartas en las que la productora alemana Crystalis Entertainment exige el pago de hasta 100 euros por capítulo descargado de la serie Ash Vs. Evil Dead. A estas cantidades hay que añadir, además, gastos de gestión de hasta 300 euros.
En la misiva indican a los usuarios que si no abonan dichos importes en el plazo de un mes, serán demandados. Indican en el documento, además, una dirección IP que funcionaría como prueba de que, efectivamente, descargaron contenidos de manera ilícita a través de ese mismo usuario.
Se reclaman los datos que las operadoras tienen de los usuarios
Para poder hacer estos envíos y solicitar a los usuarios el pago de determinadas cantidades, los bufetes de abogados que trabajan para estas productoras han tenido que presentar reclamaciones ante los juzgados de lo Mercantil para obligar a las compañías a poner esta información sobre la mesa.
Primero consiguieron la información de los clientes de Euskaltel. Y ahora les está empezando a llegar la información del resto de operadoras. De ahí que las cartas ya estén comenzando a llegar a los usuarios. La siguiente operadora en ser abordada es Movistar, que se encuentra localizada en Madrid y que, por tanto, cuenta con datos relativos a personas que viven alrededor del país. De ahí que estén llegando cartas a usuarios de todo el territorio.
Los expertos en esta materia coinciden en que la acción de las productoras se está llevando a cabo con muy pocas pruebas. Pero lamentablemente, y a pesar de eso, cuentan con el beneplácito de un juez. De hecho, esta solicitud de información se ha llevado a cabo tan solo presentando un documento en formato Excel en el que están recogidas las IP de todos aquellos que, en teoría, alguna vez han compartido contenidos de manera ilegal. No hay nada más que apoye sus acusaciones y ahí reside, precisamente el peligro.
Ahora las productoras saben que pueden solicitar estos datos a las productoras y que se los proporcionarán con la bendición de un juez. Sin embargo, existe una sentencia del Tribunal Supremo (2012) en la que queda claro que ser dueño de una dirección IP desde la que se ha cometido un delito no te convierte, en absoluto, en su autor.
