La siguiente noticia pone los pelos de punta. La Unión Europea ha aprobado hoy que las autoridades administrativas de los países miembros puedan suspender el servicio de ADSL de los usuarios que descarguen contenidos con derechos de autor sin que medie una orden judicial. Los principales miembros impulsores de la normativa son Francia y Reino Unido.
Hace unos días, el Parlamento Europeo ya dio el visto bueno a los cortes de Internet. El actual acuerdo supone un nuevo paso en hacia la criminalización del libre intercambio de archivos. Sin embargo, era el resultado natural de políticas como la francesa, encabezada por Sarkozy y su Ley Hadopi, o la británica, que a partir de abril sancionará a los internautas después de enviarles tres avisos.
La normativa ha sido posible gracias a la capitulación de los eurodiputados. Hasta ahora, la Eurocámara se oponía a que semejante iniciativa saliera adelante. De hecho, los cambios en el reglamento regulador de las telecomunicaciones estaba paralizado debido a su negativa a que se interveniera Internet sin orden judicial. Algo que se negaron a aceptar los gobiernos de los 27. Sin embargo su vicepresidente, el eurodiputado del PP Aleix Vidal-Quadras, ha afirmado que al final la cuestión «excedía» las competencias de la Unión Europea. Por otro lado, admite que han recibido muchas presiones.
En teoría, a cambio habrá otras protecciones pactadas entre Eurocámara y las diferentes administraciones de los estados miembros. En concreto, un artículo que recoge que los cortes al servicio «sólo pueden imponerse si son adecuados, proporcionados y necesarios en una sociedad democrática«, así como que se deber respetar «el principio de presunción de inocencia y el derecho a la privacidad«. La duda es, ¿cómo es posible garantizar los derechos de los internautas, si se les podrá intervenir sin que un juez otorgue su autorización? Otro punto observa el derecho a «una revisión judicial«, pero claro, sería después de que se haya llevado a cabo la restricción.
La disposición aún debe ser convalidada a lo largo del mes de noviembre por los ministros de Telecomunicaciones y por el pleno de la Eurocámara. Si se cumplen las condiciones establecidas, podrá entrar en vigor a principios de 2010. A partir de entonces, los gobiernos contarán con un plazo de 18 meses para adoptarla en la legislación de su país. En España, el artículo 18 de la Constitución certifica el secreto de las comunicaciones salvo resolución judicial. Esperemos que el gobierno no estudie modificar la situación. Porque la creación de una comisión ministerial para luchar contra el el P2P no augura nada bueno.
Vía: CincoDías.com
Y he aquí un paso más hacia atrás.
Bienvenidos a 1984.