Se acabó lo que se daba. La Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a dar la razón a la página web Sharemula, denunciada en 2006 por la SGAE, Microsoft y otras asociaciones «sin ánimo de lucro» y productoras audiovisuales por supuesta piratería. Pero resulta que esta página no comete ninguna ilegalidad, sino que facilita enlaces a descargas P2P. Así, la Audiencia ratifica en firme la sentencia emitida en 2007 por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid, con lo que la acusación ya no puede volver a recurrir.
«Un enlace simple no supone vulneración de los derechos de propiedad intelectual», afirma la sentencia, segun destaca en su página web David Bravo, uno de los abogados de Sharemula. El otro letrado defensor, Javier de la Cueva, recuerda el tratamiento que se dio al caso desde los medios de comunicación, que demostraron un enorme desconocimiento de la materia al hablar de «la mayor organización clandestina europea de redes P2P». Pero va a ser que no.
El quid de la cuestión está en los contenidos a los que enlazas. Un enlace sólo constituye un acto delictivo cuando apunta hacia un contenido que ya ha sido declarado ilegal por una sentencia firme. Por ejemplo: pornografía infantil. Sin embargo, los enlaces de Sharemula apuntan a archivos compartidos libremente en la Red y sin que haya ánimo de lucro de por medio. Y, mire usted por donde, esto en España es completamente legal, aparte de no ser en absoluto comparable a la actividad de un pederasta. Faltaría más.
Una puerta que se le cierra definitivamente a discográficas, productoras y organizaciones de gestión de derechos de autor en su particular cruzada. Éstas siguen últimamente una estrategia que bien podría denominarse como «política del miedo». Cuando no denuncian a sitios web por las opiniones reflejadas en los comentarios de sus lectores, caso del diario Público y del blog de Julio Alonso, intentan menoscabar la forma de expresión más significativa en Internet: el enlace.
Y es que, por denunciar, han denunciado hasta a programadores de plataformas P2P. Sin olvidarnos de ese canon digital al que sólo le queda cobrarnos unos céntimos de euros cada vez que cantemos en la ducha. Eso sí, últimamente andan más empeñados en obligar a los proveedores de acceso a Internet para que hagan de policías en esta «caza de brujas». Y mientras tanto, algunos de los artistas a los que supuestamente defienden tienen una opinión muy distinta sobre quién es en realidad el delincuente.
Vía: elmundo.es
