La UE ratifica la directiva de copyright que afecta a Google y Facebook

Hoy lunes 15 de abril el Consejo de la Unión Europea ha ratificado la nueva Directiva sobre Copyright que se aprobó a finales del mes pasado en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Un texto de suma importancia que pretende proteger artistas, autores, editores de noticias y periodistas de todo Europa.

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La actualización de esta normativa se ha caracterizado por un intenso debate entre las partes afectadas, como las plataformas Reddit o Wikipedia, preocupadas por el impacto en sus servicios, y los beneficiados (editores y artistas) que demandan una retribución justa.

Proteger a la industria creativa europea

Con el fin de impedir que nadie haga un uso indebido de aquellos contenidos protegidos por copyright, el nuevo texto exige a las plataformas de contenido, agregadores web y buscadores que tomen cartas en el asunto para impedir que se vulneren los derechos de autor.

Según las nuevas normas, Google y otros agregadores web tendrán que pagar a los editores por el uso de fragmentos de noticias. Una especie de canon digital que compense las pérdidas por la falta de inversión en publicidad online que ha ido a parar a los buscadores y agregadores de noticias en vez de a los portales de noticias.

Por otro lado, las plataformas de contenido, como pueden ser Youtube o Facebook, estarán obligadas a instalar bots que filtren el contenido protegido que se suba a sus plataformas.

Resultado de las votaciones

La europarlamentaria Julia Reda ha revelado en Twitter los resultados de las votaciones del Consejo de la Unión Europea. En él vemos que Italia, Holanda, Luxemburgo, Finlandia y Suecia han votado en contra, mientras que Bélgica, Estonia y Eslovenia se han abstenido. España ha votado a favor entre otros grandes de la Unión Europea como Alemania.

Era el último escoyo para bloquear el avance de una directiva que cambiará el contexto de internet tal y como lo conocemos. A partir de ahora, entramos en un proceso de asimilación e implantación por parte de los países miembros de la Unión Europea para aplicar la nueva normativa, con un plazo máximo de dos años.

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