PP, PSOE y Ciudadanos quieren endurecer y saltarse al juez en la Ley Sinde

¿Te acuerdas de la Ley Sinde? La bautizaron popularmente así porque en ese momento la ministra de cultura era Ángeles Sinde, pero técnicamente era la Ley 2/2011 de 4 de marzo, de Economía Sostenible, impulsada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Contenía una serie de medidas para modernizar la economía en distintos aspectos, pero había una que resultó especialmente polémica.

Se trataba de una iniciativa con la que se pretendía cerrar las webs sin autorización judicial, con el supuesto objetivo de proteger la propiedad intelectual de los creadores. Lo intentaron, pero no lo consiguieron: tanto los usuarios como los profesionales de Internet consiguieron fulminar la iniciativa.

El caso es que ocho años después, PP, PSOE y Ciudadanos se han puesto de acuerdo para volver a reabrir el tema. Los tres grupos políticos han presentado una enmienda a la Ley de la Propiedad Intelectual (LPI) para que una página web pueda cerrarse sin necesidad de que un juez lo ordene. En este caso, solo haría falta que una comisión gubernamental especialmente ideada con este fin diera la orden.

Cultura

La Ministra Sinde

El juez ya no tendría la última palabra

Con esta enmienda, lo que pretenden los grupos del PP, PSOE y Ciudadanos es saltarse la última palabra del juez, que ya no sería un actor necesario para determinar si una página web tiene que ser clausurada o no. La enmienda ha sido registrada ya en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y recoge el procedimiento. Porque la decisión de cerrar una web sería finalmente de la denominada Comisión Sinde, que depende directamente del Ejecutivo.

El texto reza lo siguiente: «la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122bis». Tras el revuelo que ha levantado el hecho de haber retomado la iniciativa por parte de PP, PSOE y Ciudadanos, fuentes del Ministerio de Cultura han explicado a eldiario.es que este es un procedimiento que solo podrá adoptarse cuando se detecte la reiteración de las conductas ilícitas.

Añaden, además, que sí será necesaria una autorización judicial previa en el procedimiento de salvaguarda. Algo que ya contempla esta legislación y que no será modificado a través de la enmienda.

Probablemente te estés preguntando qué ocurrirá a partir de ahora, después de que la enmienda haya sido presentada. Los expertos y abogados que en ese momento defendieron tumbar la decisión que permitiera a la comisión Sinde decidir por el juez, ya se han puesto las manos a la cabeza. Pero lo cierto es que hay altas probabilidades de que la enmienda salga adelante.
En primer lugar, tendría que ser aceptada por el Congreso de los Diputados, cosa altamente probable, si PP, PSOE y Ciudadanos se ponen de acuerdo. No en vano, tienen mayoría en el Congreso. A continuación, tendría que votarse en el Senado y a continuación, regresar al Congreso. Es requisito sine qua non para que la cláusula sea incluida en la ley.
El Ministerio de Cultura insiste en que es preciso que las webs hayan acumulado varias denuncias. Según ellos, la otra fórmula retrasa los tiempos de la justicia y empeora la tutela judicial efectiva. Para los expertos que entonces ya se opusieron, esta enmienda empeora considerablemente las cosas.

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