Alguno habrá olvidado la Ley Sinde. Esa ley que nos afecta a todos los internautas y que facilita el cierre de sitios web por parte del Gobierno. Pues bien, esta Ley ya está en vigor. Y después de su aprobación y puesta en marcha el pasado 1 de marzo, ya se han recibido más de 300 denuncias. Denuncias que han llegado a través de canales tradicionales o por Internet al Ministerio de Educación y Cultura. A pesar del gran volumen, puede que en realidad se centren en un veintena de webs de descargas, que acumulen varias acusaciones. Ahora tendrá que ser la Comisión de la Propiedad Intelectual la que decida, sin que haya juez de por medio, cuáles recibirán avisos para retirar contenidos y cuáles pasan ante el juez.
La mayor parte de las denuncias contra webs han llegado al Ministerio por los medios tradicionales, mientras que 91 lo han hecho por Internet. Según Cultura, muchas webs no dedicadas exclusivamente a los enlaces de descarga han retirado voluntariamente este tipo de contenidos.
La composición de esta comisión viene acompañada de polémica. En total serán cinco personas las que la compongan. Entre ellas sólo se sabe el nombre de la presidenta, Teresa Lizaranzu. Procedente de la carrera diplomática, no se le conoce ninguna vinculación con el mundo de Internet hasta hace dos meses, cuando asumió la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro. Fuentes de Cultura afirman que el resto de los vocales, procedentes de distintos ministerios, si que son conocedores de la materia. A pesar de ello, no se han hecho públicos sus nombres por el momento.
Desde la Asociación de Internautas se muestran consternados por la oscuridad del proceso, y denuncian que el nuevo Gobierno aun no se ha reunido con ellos para tratar el tema. Su presidente, Víctor Domingo, afirma que hay «elementos preocupantes» en la aplicación de esta ley, especialmente con respecto al cierre cautelar de webs. Recuerda que el Tribunal Supremo ha admitido su recuso contra esta medida, por lo que cualquier cerrojazo a una web de descargas antes de que éste se pronuncie podría ser denunciado como prevaricación.
Aun tendremos que esperar unos meses para que se empiecen a emitir las resoluciones y se produzcan, previsiblemente, los primeros cierres de páginas web. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se ha negado a dar más datos sobre cuándo se conocerán los sitios afectados, pero por los tiempos previstos en la ley, es posible que haya páginas caídas antes del verano.
Acceder a contenidos protegidos por derechos de autor se está poniendo más y más difícil para los internautas españoles. Desde la caída de Megaupload en enero, muchas webs de enlaces han retirado sus contenidos por miedo a la persecución judicial en todo el mundo. Con la entrada en vigor de la llamada Ley Sinde (o Sinde-Wert), España puede pasar a ser uno de los países más restrictivos en este campo. Sin embargo, hasta que no comience el proceso de cierre de webs, no sabremos si el procedimiento es implacable con las webs de enlaces, o éstas encontrarán una manera de esquivar el golpe.
De esas 300 denuncias no han cerrado ninguna web, entonces, para que sirve dicha ley ?