Un empleado de Google ha presentado una demanda contra la propia empresa en la que trabaja, donde acusa a la compañía de desarrollar políticas de confidencialidad interna que supuestamente violan las leyes laborales de California. Al parecer, desde Silicon Valley ejecutan un programa interno de espionaje y fomentan normas abusivas contra sus empleados por temor a que salga informaciones sobre trabajos o investigaciones realizadas por la compañía americana.
Una de las quejas más flagrantes y extendidas entre los empleados de Google se dirigen hacia lo que aparentemente se trata de un programa de espionaje interno que alienta a los empleados a que se denuncien los unos a los otros si creen que alguien ha filtrado información a la prensa. La empresa forma a los empleados en la prohibición de escribir o hablar sobre actividades potencialmente ilegales desarrolladas dentro de Silicon Valley. Incluso persigue a sus abogados con el mismo fin. De hecho, un empleado de Google no puede ni tan siquiera escribir una novela sobre algún tema que aborde alguna faceta o persona que se encuentre dentro de la compañía. Necesita aprobación previa.
El responsable de efectuar la demanda, conocido en la misma como John Doe, sostiene que una de las razones de esta estricta política es que la compañía está muy temerosa de posibles fugas a la prensa. Tanto es así, que cualquiera que haga algo así puede ser despedido. Al parecer, este empleado fue falsamente acusado de hacer precisamente eso. «La información confidencial se clasifica como todo en Google y no se puede compartir con prensa, miembros de la comunidad de inversores, socios o cualquier otra persona fuera de Google«, sostiene el señor Doe. Esencialmente, la demanda alega que a los empleados se les prohíbe discutir cualquier cosa acerca de Google en cualquier lugar.
A grandes rasgos, la demanda sostiene que las leyes laborales actuales del estado de California estipulan que los empleados deberían estar en condiciones de discutir las condiciones de su puesto de trabajo y protestar ante posibles violaciones de las mismas sin temor a las represalias. Además, se hace un llamamiento para que se relajen las políticas que impiden que se cuente determinados datos a personas ajenas a la empresa, en determinadas circunstancias.
La demanda fue presentada en el Tribunal Superior de California, en San Francisco. Si prospera, el Estado recaudaría el 75 por ciento de la misma, siendo repartido el 25 por ciento restante entre los más de 65.000 empleados de la compañía. Puesto que aparecen 12 supuestas violaciones de las leyes en dicha denuncia, la multa máxima podría rondar los 4 millones de euros, por lo que cada empleado recibiría alrededor de 15.000 euros. Estaremos atentos al desenlace, ya que no es la primera vez que Google se enfrenta a problemas de esta magnitud.
