El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acaba de aprobar una resolución condenando a los países que limitan o prohíben el acceso a Internet a sus ciudadanos, considerando que esas prácticas atentan directamente contra los derechos humanos.
Son muchos los países con restricciones o fuertes políticas de censura que generan constante polémica y choques con las grandes compañías de Internet como Google o Facebook. China es uno de los ejemplos más conocidos, y las presiones del gobierno han dado lugar a situaciones muy peculiares, como el bloqueo del acceso a Gmail para los ciudadanos chinos que se estableció hace dos años.
Aunque la decisión de la ONU no establece ningún tipo de obligaciones o prohibiciones legales, supone una llamada de atención desde el punto de vista de la ética para defender el derecho a la información de los ciudadanos, tanto en los medios tradicionales como en Internet.
Una condena a la censura
La resolución de las Naciones Unidas no es la primera en este ámbito: anteriormente, la ONU ya había declarado ciertas ideas sobre los derechos digitales de las personas, haciendo hincapié en que los mismos derechos humanos de los que disfrutan las personas en la vida offline se deben mantener y proteger por igual en Internet. Y uno de los derechos fundamentales que más protección necesita es precisamente la libertad de expresión, recogida en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El pasado viernes, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la resolución de condena de los actos de censura, que se consideran violaciones de los derechos humanos. China, Rusia, Arabia Saudí y otros países como India o Sudáfrica votaron en contra.
Aunque este tipo de decisión no puede imponerse sobre los Estados, supone un gran avance en la condena de las prácticas gubernamentales de censura o vigilancia en Internet que se están extendiendo en muchos países del mundo y que ponen en peligro el derecho a la información de los ciudadanos.
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De hecho, los gobiernos están empezando a utilizar argumentos de protección y seguridad ciudadana o del Estado para justificar las limitaciones y los cortes en el acceso a Internet en situaciones delicadas como manifestaciones o ataques terroristas. En Turquía, por ejemplo, los accesos a las redes sociales están limitados tras los recientes ataques; India y Bahréin han limitado el acceso a Internet desde el móvil tras una serie de manifestaciones, y en Algeria se está controlando la conexión a la Red como un recurso para prevenir que los estudiantes copien en los exámenes.
Access Now, la organización en defensa de los derechos digitales, explica que en 2015 se produjeron unos 15 bloqueos del acceso a Internet en todo el mundo, mientras que en los primeros seis meses de 2016 ya se ha alcanzado la cifra de 20.
Y no hay que olvidar tampoco las condenas a periodistas y a bloggers, que en muchos países sufren desde penas de cárcel hasta condenas a muerte por denunciar injusticias y defender los derechos humanos de los ciudadanos.
