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A la Unión Europea no le convencen nada las nuevas normas de seguridad de Google. Así­ se lo han hecho saber a la compañí­a a través de una carta conjunta de las autoridades que han de velar por la seguridad de los datos de los ciudadanos. La comisión de la 27 autoridades insta a Google a cambiar esas reglas lo antes posible, y da un plazo de tres o cuatro meses para este fin.

La nueva polí­tica de privacidad de Google entró en vigor el pasado 1 de marzo, con la intención de unificar en una sola norma un conjunto de hasta 60 regulaciones propias. Sin embargo, para la Unión Europea, estas nuevas directrices no cumplen con los requisitos de informar a las personas afectadas. La cosa puede ponerse fea para Google si no se dan por enterados en el plazo que marca la comisión, pues esta está dispuesta a entrar en fase de «litigio«.

El problema viene principalmente de los datos que el gigante de Internet acumula de sus usuarios. Según la comisión, esta recogida no es lo suficientemente transparente, y no se tiene clara la finalidad de la misma. Google ha reaccionado rápidamente a la decisión, y ha informado de que se encuentra «convencida» de que está siguiendo las normas de la Unión Europea.

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Hasta el 1 de marzo, Google tení­a unas 60 polí­ticas de privacidad diferentes, dado el ingente número de servicios que ofrece al usuario. Con la modificación, la compañí­a pretendí­a presentar unas normas comunes, que sirvieran tanto para su famoso buscador, como para sus servicios de correo electrónico, clouding, mapas o ví­deo. Desde la implantación de las nuevas normas, el servicio intercambia datos entre Android, Youtube o Google +. Ahora, los correos electrónicos que mandamos pueden influir en la publicidad que nos aparece en las páginas, o condicionar el orden de los resultados de una búsqueda.

Es este intercambio de datos entre plataformas lo que más preocupa a la comisión de la Unión Europea. De momento no ha condenado su uso, pero lo que quiere trasmitir en esta carta es su preocupación por la seguridad de los datos de los usuarios. A la comisión no le queda claro que las personas que hacen uso de estos servicios tengan claro como funcionan. Además, afirman que Google no está colaborando con las autoridades, y que se ha negado a responder a algunas preguntas especí­ficas, como el tiempo que mantiene estos datos en su poder.

Las autoridades europeas preguntan especí­ficamente a la compañí­a cuando va a poner en práctica las directrices de seguridad que le exigen, como permitir a los usuarios decidir entre que servicios se pueden intercambiar sus datos. Sin embargo desde Google no parecen darse por enterados, afirmando que sus normas se ajustan perfectamente a la legislación europea. Queda por ver si la compañí­a decide finalmente atender a las peticiones de la comisión por voluntad propia, o las autoridades se verán obligadas a emprender acciones legales contra la compañí­a norteamericana.

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