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En el panorama musical español existe gente como Ramoncí­n, hoy de nuevo en boca de todos porque denunció a El Jueves para que YouTube cerrara su canal.  Pero también hay quienes se dedican a trabajar, como el cantautor Joaquí­n Sabina. El ubetense, en una entrevista concedida a La Vanguardia a propósito de su último disco «Vinagre y rosas», asegura que «vive de los conciertos». En concreto, afirma «cuando me separé de la madre de mis hijas, se quedó con todos los derechos de autor, así­ que yo vivo de los conciertos«.

Así­ que el tema de los intercambios de archivo P2P no parece quitarle el sueño, porque ha dicho «Menudo miserable serí­a si me quejara, yo, que toda mi aspiración era ser profesor en Úbeda» y «No seré yo quien se queje de las descargas«.

euros

Las declaraciones del compositor y cantante, quien afirma que «no ve ni una peseta» de los royalties, ponen de nuevo de relieve que los denodados esfuerzos de entidades como la SGAE para que los artistas no pasen hambre son, al menos en algunos casos, cuestionables. De hecho, están generalizadas las acciones que  desafí­an al sentido común. Como la reclamación de la SGAE de doce euros al mes a un peluquero por poner la radio en su establecimiento. O sus pretensiones de cobrar al ayuntamiento de Fuente Obejuna por representar la obra de Lope de Vega. Conviene señalar que el autor madrileño falleció en su ciudad natal en 1635 y que, como es obvio, no es el beneficiario de las vindicaciones de la Sociedad General de Autores y Editores.

El de antes no es un caso aislado. Se sabe que la SGAE se queda con dinero que no va a parar a ningún autor, que según unos datos proporcionados por el diario La Razón, tiene planificado invertir más de 2 millones de euros en la jubilación de Teddy Bautista y otros directivos… Una extensa lista de despropósitos que alejan a la entidad de lo que en teorí­a es su misión, hacer que los artistas no estén desprotegidos en lo referente a lo económico.

El caso es que los ciudadanos son los grandes perjudicados de las empresas de gestión privada de derechos de autor. Para empezar, se debe abonar un canon en una clara vulneración de la presunción de inocencia. La Unión Europea acaba de aprobar los cortes a las conexiones de Internet sin orden judicial previa y, así­, un largo etcétera.

Luego, cuando se sabe por Joaquí­n Sabina que no tiene nada en contra de las descargas porque vive de su propio trabajo y no le perjudican, es inevitable preguntarse si esta situación de abuso se prolongará indefinidamente. Sobre todo, cuando para mayor inri se genera un beneficio que no va a parar al autor sino a su ex-mujer. Y es que los derechos de autor se pueden traspasar a otra persona en un proceso de separación matrimonial, como quien se reparte el coche, la lavadora o el torito que va encima del televisor.

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