La Ley de Economía Sostenible (LES) provocó el rechazo y la indignación no sólo de la comunidad de internautas, sino de la ciudadanía en general. Ahora parece que el Consejo Fiscal, un órgano asesor del Ministerio Fiscal, da la razón a quienes desaprueban la normativa respaldada por íngeles González Sinde.
Así ha quedado recogido en un informe elaborado por el organismo. La LES fue presentada a finales del año pasado y propició el Manifiesto: En defensa de los derechos fundamentales en Internet, suscrito por un amplio sector de la población.
Entre otras cuestiones, el Consejo Fiscal considera «dudoso» que deba situarse la propiedad intelectual a la misma altura de otros bienes jurídicos que gozan de protección. No se trata de la primera actuación desafortunada del gobierno en materias relacionadas con Internet. No hay más que recordar las palabras de Miguel Sebastián a propósito de las infundadas peticiones de César Alierta, responsable de Telefónica. Alierta pretende que los buscadores paguen por usar sus redes.
La Ley de Economía Sostenible siguió los pasos de países que, como Francia, luchan con denuedo contra el intercambio de archivos P2P. Contempla, entre otras medidas, la clausura cautelar de páginas web, o la retirada de contenidos, sin previa autorización judicial. Hace unos días, el abogado David Bravo dijo que «para la SGAE, descargar una canción es más delictivo que el acoso sexual«. Es precisamente lo que desaprueba el Consejo Fiscal, que ve erróneo equiparar la vulneración de la propiedad intelectual con otros actos de delincuencia. En concreto, censura que se ponga «al mismo nivel» que la protección del orden público, la seguridad pública, la salud pública, la dignidad de la persona o la salvaguarda de la juventud y la infancia, entre otras. En resumen, que no se trata en opinión del Consejo de un derecho fundamental.
Pero no son las únicas críticas. Otra de ellas se refiere al punto que recoge que los proveedores de Internet deben facilitar los datos de los clientes que, presuntamente, estén infrigiendo los derechos de protección intelectual. Afirma el Ministerio que cuando se trate de obtener el nombre del titular de la línea, no hay problema. Pero que en ningún caso la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) podrá acceder a información derivada de comunicaciones privadas, al menos sin permiso judicial. De otro modo, sí se contravendría un derecho fundamental, el del secreto de las comunicaciones. Para finalizar, el informe acotala clausura de páginas web a «los casos en el que el prestador del servicio está establecido en españa o en un Estado de la UE o del Espacio Económico Europeo».
En resumen, que un importante organismo judicial español como es el Consejo Judicial resta autoridad moral a las pretensiones del Ministerio de Cultura. De momento, González-Sinde ha afirmado que es «muy valioso y constructivo». Veremos si su titular toma nota.
