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Pues parece que sí­ tendremos televisión digital de pago. El Gobierno ha dado ví­a libre, por la ví­a del decretazo, para que se implante este polémico modelo de financiación, el cual promete avivar de nuevo la guerra entre los distintos canales. Y es que el pasado mes de abril el Ministerio de Industria ya tuvo que rectificar sus pasos, tras las presiones de varios operadores para impedir que La Sexta emitiese partidos de fútbol de pago.

La tarea de redactar el documento regulatorio corre a cargo del Consejo de Ministros y tendrá rango de Real Decreto Ley. Es decir, el texto aún no entra en vigor, sino que deberá ser revisado y aprobado por el Congreso en un plazo máximo de 30 dí­as. Se trata de un tipo de medida que normalmente sólo se promulga de forma extraordinaria y en situaciones de extremada urgencia. Algo que la vicepresidenta Marí­a Fernández de la Vega ha justificado amparándose en la proximidad del apagón analógico.

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No obstante, el Consejo de Estado considera que el Gobierno está actuando de forma precipitada y vulnera los contratos con la Administración de tres canales: Veo TV, Net TV y, una vez más, La Sexta. Estos tres operadores recibieron la concesión por parte del Gobierno para emitir especí­ficamente en abierto. La instauración de la TDT de pago supondrí­a “poner en peligro los principios de concurrencia y publicidad”. Se alegan, además, razones de interés general, ya que las emisiones en abierto deberí­an primar sobre las codificadas.

El Ministerio de Industria ya trató de reglamentar este sistema a través de un Real Decreto. El Consejo de Estado se negó en rotundo, y las protestas de otros operadores de televisión de pago fueron inmediatas. El ministro Miguel Sebastián se aferraba al “interés general” cuando, como indica el Consejo, es justo lo contrario. También a “necesidades nuevas o causas imprevistas”, pese a que en el momento de otorgar las concesiones a esos canales (2000 y 2005) era factible que se hubiese tenido en cuenta la modalidad de pago. Otra de tantas chapuzas de Sebastián, como el fallido reparto de bombillas o su pasividad frente al asunto de la velocidad del ADSL.

Y es que es para tener recelos cuando el Gobierno se pone a trabajar con tantas prisas. Sobre todo porque el argumento esgrimido por Fernández de la Vega no es ni mucho menos determinante. Si tan inminente es el apagón analógico, los esfuerzos podrí­an centrarse en agilizar un proceso que va a paso de tortuga. Implantar la TDT de pago no requiere urgencia ni es una prioridad, y bien se puede esperar a regular su situación en la futura Ley General Audiovisual, tal y como se habí­a sugerido.

Fotos: diebmx / Ví­a: El Paí­s

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