España no descarta seguir el modelo francés contra las descargas P2P

Una de cal y otra de arena. El Consejo de Telecomunicaciones de la Unión Europea acaba de dar su visto bueno a un paquete de medidas para el sector, que como os contamos hoy mismo, incluye un precio máximo de 11 céntimos de euro para los mensajes SMS entre paí­ses europeos. Pero al mismo tiempo, los ministros de telecomunicaciones de los paí­ses de la Unión han decidido llevarle la contraria al Parlamento Europeo, que exigí­a la intervención de un juez en cualquier actuación contra internautas que usen las redes de intercambio P2P.

Antes que nada, conviene aportar un poco de tranquilidad. En primer lugar, porque esta medida en concreto aún debe pasar de nuevo por el Parlamenteo Europeo. Y en segundo término, porque aún aprobada, su aplicación se harí­a acorde a la legislación de cada paí­s. El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, recuerda que para sancionar a usuarios de programas como eMule o BitTorrent, en España siempre «hay que pasar por el juez».

El texto aprobado por el Consejo de Telecomunicaciones europeo ha dejado fuera la enmienda 138 que aprobó el Parlamento de Estrasburgo, que exigí­a la intervención de un juez a la hora de cortar la conexión a un internauta por usar estos programas de intercambio de archivos. Ahora bien, que la enmienda quede fuera sólo significa que, al final, lo que cuenta es la forma de actuar en cada paí­s. Dicho de otra forma: la Unión, de momento, permite a Francia y Reino Unido seguir con su modelo de criminalización del P2P, pero no obliga al resto de paí­ses a imitarla.


Llegados a este punto, cabe preguntarse si el gobierno español va seguir o no el ejemplo de galos y británicos. A esta cuestión responde el propio Ros, quien no descarta la posibilidad, pero también la matiza bastante. Según el secretario, «antes de cortar [la conexión] hay toda una serie de medidas que se pueden llevar a la práctica como informar o comunicar». Esto no difiere mucho de lo que ya se hace en Francia, donde los proveedores de acceso a Internet advierten hasta tres veces al usuario antes de dejarle sin conexión.

Volvemos a recordar que, de acuerdo con la legislación vigente, si en España se decidiera seguir este modelo de avisos, serí­a siempre previa orden judicial. Sobre el papel, ésta podrí­a ser una forma de velar tanto por los derechos de autor como por la privacidad de los internautas. Difí­cil combinación de elementos como para llegar a una normativa que satisfaga a todos por igual. Pero según Ros, «el equilibrio nos parece que se puede conseguir».

A decir verdad, el secretario no explica de forma clara cómo conseguir ese equilibrio. Sólo afirma que lo más conveniente es crear una normativa europea común a todos los paí­ses. En referencia a los modelos de Francia y Reino Unidos, Ros sentencia que este tipo de soluciones individuales «no tienen posibilidades de llevarse a la práctica».

En resumen: el tema se sigue debatiendo, pero aún no sacamos nada en claro sobre cuál va a ser la futura forma de actuar. En España, organizaciones como la SGAE están moviéndose para crear una futura normativa mucho menos tolerante con el P2P. Pero por el momento, lo que cuenta es la legislación vigente, aunque también es cierto que el Ministerio de Cultura debe presentar una nueva propuesta en 2010.

Lo que más nos preocupa es que, si tanto el Parlamento Europeo como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se muestran en contra de este tipo de actuaciones, ¿por qué se empeñan los ministros de la Unión en seguir proponiendo que los operadores actúen como policí­as? ¿A qué viene eso de querer quitar de en medio a los jueces cuando están en juego los datos confidenciales de millones de internautas?

O podrí­amos irnos al problema verdaderamente de fondo para lanzar la siguiente pregunta: ¿de verdad que se va a cometer este atropello al derecho a la intimidad para defender a una industria que, ante su tremenda crisis, sólo propone impuestos como el canon digital e ideas tan absurdas como SlotMusic? Debates como éste son los que a uno le hacen cuestionarse seriamente la integridad de la clase polí­tica. Y no sólo la de este paí­s.

Ví­a: elmundo.es