Los políticos quieren meter a internautas y mafiosos en el mismo saco

Podemos entender que lo diga Ramoncín. Pero es inadmisible que los políticos, supuestos representantes de los ciudadanos, acaben tragándose el enorme bulo que lleva años alimentando la industria discográfica para frenar su crisis, seguida de su séquito de gestoras de derechos de autor. Ese bulo que intenta hacernos creer que somos criminales por descargar una canción de un programa P2P. Tan malos como mafiosos y narcotraficantes (aunque algunos piensan que los delincuentes suelen estar en los despachos de las discográficas).

Es uno de los temas que podrián tratarse en la cumbre del G-8 que se celebra esta semana en Tokio. Allí ocho de las grandes potencias mundiales (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia) podrían tener sobre la mesa un documento llamado ACTA, elaborado por una oficina federal estadounidense y que pretende llevar a todo el mundo el modelo estadounidense de protección de derechos de autor. La clave de este modelo está en criminalizar el libre intercambio de archivos, aunque no haya lucro de por medio, y convertir a los proveedores de acceso a Internet en policías.

Descargar una película del eMule para uso privado sería un delito comparable a falsificar prendas de ropa o medicamentos y venderlas a precio de saldo. Así de claro. En muchos países, las campañas de presión de discográficas y sociedades de gestión de derechos de autir han dado lugar a que muchos productos tecnológicos lleven un impuesto, conocido en España como canon digital, más propio de la autarquía que del siglo XXI. ¿Tendrán ahora los políticos el intelecto y la independencia suficiente como para no ceder a estas nuevas presiones? George Bush no cuenta.

Y no cuenta porque, al fin y al cabo, no es más que un líder estadounidense que pretende que el resto de países imiten su propio modelo. Lo malo es que en Europa ya hay quien ha mordido el anzuelo. Es lo que pasa en Francia, donde los proveedores de acceso a Internet pueden llegar a retirar la conexión a sus clientes. En la misma línea, esta tarde se vota en Estrasburgo el llamado Paquete Telecom, que pretende establecer un modelo para toda Europa similar al francés.

Esta primera votación se ejerce dentro de la Comisión de Mercado Interno y Protección del Consumidor (IMCO), y tendría que pasar por el Parlamento Europeo después del verano. La incertidumbre todavía está en saber si los proveedores de Internet deberán sancionar a los usuarios de redes P2P o si simplemente se limitarán a informarles cuando estén cometiendo un acto, según ellos, ilícito. A pesar de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y de la postura de los operadores británicos, se vuelve a atacar de nuevo por el mismo frente.

Aunque ya cueste trabajo otorgarles la mas mínima confianza, esperemos que nuestros representantes no caigan en la trampa de aquellos que se niegan a adaptarse a los nuevos tiempos. Si no, a los padres de la democracia europea sólo les faltaría crear campos de internamiento para internautas reincidentes.

Foto manos esposadas: ZoofyTheJi

Vía: ADSL Zone