Madrid exige una sede fiscal para Airbnb

El Ayuntamiento de Madrid pedirá a empresas de alquiler de viviendas turí­sticas como Airbnb que establezcan su sede fiscal en la capital. El objetivo no es otro que los beneficios que consiguen con su negocio sean declarados aquí­ y no en otro lugar. Mientras que para el ayuntamiento supone un compromiso para la ciudad y sus ciudadanos, para Airbnb es un verdadero problema. Su modelo de negocio está construido para tributar por la parte proporcional a la comisión que reciben sobre precio completo de la reserva. De dicha comisión, en España se queda actualmente el porcentaje de los gastos de gestión y marketing. El resto del dinero va a parar a Irlanda o a otro paí­s con leyes fiscales más beneficiosas para este tipo de compañí­as.

Lo cierto es que la guerra sobre este asunto no es únicamente negociar con las plataformas. También pasa por luchar contra la propia Comunidad de Madrid. Tal y como ha informado El Paí­s, implantar la sede fiscal en España traerí­a como consecuencia pasar al modelo turí­stico de Barcelona. Es decir, cobrar una tasa turí­stica tanto a viviendas como a hoteles. Para el equipo de Cristina Cifuentes esto supondrí­a enfrentarse directamente con un sector hotelero muy disgustado y sensible. Además a esto hay que sumar que este tipo de medidas se acaban convirtiendo en un sobreprecio a pagar por el consumidor.

Desde Airbnb valoran positivamente las negociaciones

Aunque Airbnb no se ha pronunciado al respecto sobre la tasa que propone el Ayuntamiento, valora positivamente las negociaciones. Aseguran querer ser buenos socios con el gobierno regional y con la ciudad. En cualquier caso, si Airbnb se plantease la proposición del Ayuntamiento, esto también abrirí­a otro frente con el resto de comunidades. No hay que olvidar que, pese a todo, se generan un gran número de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. Si regiones como Baleares o Barcelona obligaran a las mismas compañí­as a tener su sede del paí­s, no sólo delegaciones en sus respectivas ciudades, el problema pasarí­a de ser legal a también regional y polí­tico.