La Fiscalía investiga el contrato millonario de las bombillas LED de Philips en Madrid

No es LED todo lo que reluce. Aunque, eso sí, a veces el LED se paga a precio de oro. La Fiscalía Provincial de Madrid acaba de poner en marcha una investigación para comprobar si existe algún tipo de irregularidad en el contrato que Ana Botella, entonces alcaldesa de Madrid, firmó con una empresa de Valladolid propiedad de Philips para cambiar las bombillas que actualmente encienden los varios miles de farolas que hay instaladas en Madrid.

La empresa Hiled Soluciones Luminarias acaba de interponer una denuncia en la que asegura que Ana Botella le impidió participar en el proceso de homologación, requisito imprescindible para poder participar en la licitación, según cuenta El Confidencial. La Asociación Española de la Industria Led (Aniled) ha apoyado la demanda y ahora será Manuela Carmena, quien está ahora al frente del consistorio, la que tenga que responder en ese proceso en nombre del Ayuntamiento de Madrid.

Pero, ¿qué es lo que ocurrió y a qué viene ahora esta polémica? La licitación tuvo lugar en otoño de 2013, cuando el Ayuntamiento de Madrid, a manos del PP y con Ana Botella como máxima responsable política, licitó un contrato de 772 millones para la gestión energética de las instalaciones urbanas de Madrid.

En ese momento, lo que hizo el consistorio de Botella fue dividir la ciudad en tres lotes, entre los que se encontraban semáforos, instalaciones auxiliares de tráfico (cámaras, paneles de señalización), fuentes ornamentales y todas las instalaciones de iluminación de los túneles y galerías de servicio. Con el cambio, en teoría anunciaban que Madrid podía llegar a ahorrar hasta un 20% de su consumo energético. Eso sí, un supuesto ahorro que llegaría después de desembolsar esos 772 millones de euros de las arcas públicas.

Los datos de la licitación

El contrato es de 8 años, hasta 2020, y los dos primeros lotes (Centro y Este de Madrid) por valor de 516,4 millones de euros los ganó Sice e Imesapi (grupo ACS), Etralux, Urbalux y Citelum Ibérica. Y eso que no se trataba de la oferta más barata. El tercer lote, correspondiente (zona Oeste de Madrid) fue adjudicado a la unión de empresas formada por Ferrovial, FCC, Conservación y Sistemas, Indra y Telvent por 255,4 millones de euros.

El problema de las bombillas

Pero hay otra cuestión peliaguda, que en este caso tiene que ver con las bombillas. En lugar de ser proporcionadas por las adjudicatarias, que sería lo normal, el Ayuntamiento de Madrid puso en marcha otro concurso (con su presupuesto adicional) para elegir el tipo de bombillas – siempre LED – que se instalarían en los más de 255.000 puntos de luz que existen en la capital. Se trataba de un cambio muy importante, porque con la inversión sería un 33% el porcentaje de farolas que pasarían a ser LED.

Lo llamativo de este caso es que el ayuntamiento encargó a una empresa los trabajos de asesoría para decidir qué bombillas eran las idóneas para este cambio. Y la elegida fue Indal, una empresa de Valladolid recién comprada por Philips. Y que, curiosamente, recomendó usar una bombilla fabricada por la firma holandesa.

Durante ese proceso, la empresa Hiled (la misma que ahora ha denunciado al ayuntamiento) pidió al ayuntamiento la documentación para poder participar en el protocolo de pruebas. Con ello quería conseguir la homologación de las bombillas Micro Urban y Urban Villa, que son las que fabrica, para poder iluminar la capital. No en vano, las adjudicatarias para las diferentes zonas de Madrid tendrían que comprarle a la empresa todas esas bombillas, cuyo valor ascendería a 75 millones de euros. Casi nada.

La empresa ahora denuncia porque estuvo durante más de un año recibiendo evasivas por parte del ayuntamiento tras preguntar acerca de los procesos de homologación. Más tarde, Hiled recibió los informes del ayuntamiento que rechazaban su homologación y que no daban a la compañía ninguna oportunidad de rectificar. Según el ayuntamiento, sus bombillas no cumplían con todos los estándares usados por las farolas municipales. Hiled busca ahora explicaciones y argumenta que el ayuntamiento habría incumplido el apartado de subsanación de deficiencias del protocolo.

Vía: El Confidencial