Parece que estos tres gigantes no pueden estar de acuerdo en nada: la competencia que mantienen en varios de sus productos lo impide. Sin embargo, hay algo en lo que Microsoft, Google y Apple están de acuerdo. Y no sólo ellos. También Yahoo!, Facebook, Linkedin, Twitter y AOL suscriben la carta que han hecho pública sobre el papel de los gobiernos y sus servicios de inteligencia.
En esta, se pretende poner límites a la información privada que las administraciones públicas pueden solicitar a las empresas que operan en Internet por motivos de seguridad nacional. Pretenden limitar la información que dichas administraciones pueden obligar a las empresas a revelar sobre sus usuarios. Alegando que en las leyes de muchos países existe un desequilibrio «en favor del estado y lejos de los derechos de los individuos», pretenden regular ese desequilibrio.
No deja de ser paradójico que empresas que han dedicado esfuerzos y recursos legales a poder almacenar cualquier información de sus usuarios, consideren ahora perjudicial para ellos que esa misma información pase a manos de las agencias de seguridad. Casi como decir que el ciudadano debe de estar protegido de su gobierno, pero no de las empresas privadas. En palabras de Larry Page, fundador de Google, hay que tener cuidado con la «aparentemente completa recopilación de datos, en secreto y sin supervisión independiente». No está mal para una empresa que el mes pasado fue multada con 17 millones de dólares por no respetar las opciones de privacidad de los usuarios de Safari, el navegador web de Apple.
Paradojas aparte, las empresas firmantes demandan un marco legal claro en el que existan procedimientos de supervisión y transparencia para evitar abusos. En la carta abierta se establecen cinco puntos clave para conseguir este marco:
- Limitar la autoridad de los gobiernos para recopilar información de los usuarios: las compañías pretenden limitar la información que están obligadas a facilitar a las autoridades, así como la capacidad de estas para recopilar datos en bruto de redes de comunicaciones.
- Supervisión y obligación de rendir cuentas: proponen que los poderes ejecutivos estén sujetos a controles exhaustivos, mediante tribunales de revisión.
- Transparencia sobre las peticiones del gobierno: las empresas que se vean obligadas a facilitar datos a un gobierno, deberían poder hacer públicos el número y tipo de datos solicitados por éste.
- Respeto al flujo libre de información: piden que se eliminen barreras que impidan a compañías y particulares acceder a información y servicios gestionados fuera de su propio país. Aunque se puede interpretar como un alegato en contra de la censura que se aplica en numerosos países, la redacción sugiere más bien que en este punto estaban pensando en un tratado global de libre comercio.
- Evitar conflictos entre gobiernos: exigen un marco para las peticiones de datos entre diferentes jurisdicciones, evitando conflictos entre el estado solicitante de información y aquel en el que se encuentre el proveedor que recibe la solicitud.
Muchos de los problemas que plantean estas empresas son también aplicables a sus propias compañías pero, matices aparte, sería bueno que hubiese un marco legal más claro y que ofrezca garantías a los ciudadanos. Sin embargo, mucho nos tememos que allá donde no puedan hacerlo por medios amparados por la ley, seguirá habiendo gobiernos y agencias que operen al margen de esta secretamente.
La web oficial de la iniciativa, que en el momento de publicar este artículo está fuera de servicio, es http://reformgovernmentsurveillance.com/
