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Españoles, el canon ha vuelto. Un año después de terminar con el canon digital que se sumaba al precio de numerosos productos tecnológicos, como discos CD y DVD, móviles, discos duros, reproductores MP3, etc, el Gobierno español lo vuelve a rescatar. Y lo hace cargando el importe a los impuestos que pagamos todos los españoles. Es decir, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. El fin, el mismo. Pagar los derechos de autor de artistas que gestionan sociedades como la famosa SGAE.

A finales del año pasado el Gobierno español derogaba el canon digital, el anterior sistema de compensación por copia privada, que gravaba la compra de soportes (discos CD y DVD grabables y regrabables) y dispositivos como teléfonos móviles, grabadoras y reproductores MP3. Lo hací­a unos meses después de que el Tribunal Europeo declarara ilegal el canon indiscriminado. Por aquel entonces, el Gobierno ya anunciaba un cambio: la asignación presupuestaria sustituye al canon digital. El Real Decreto que ahora acaba de publicarse no hace más que desarrollarlo. La compensación equitativa por copia privada se va cubrir con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, esto es, lo sufragarán todos los españoles con sus impuestos.

Su razón de ser es compensar a los autores por los perjuicios derivados de la excepción de copia privada. Y es que en el seno de la Unión Europea, cada paí­s puede elegir entre permitir o prohibir la realización de copias para uso privado en sus leyes de propiedad intelectual. España es uno de los Estados que admite la copia privada, pero con carácter excepcional. El Gobierno argumenta su decisión de cubrir esa compensación a los autores con una partida presupuestaria en aras a la promoción del acceso a la cultura. El nuevo sistema de compensación afecta a tres clases de obras: libros y publicaciones; sonido; y visual o audiovisual. Los autores no son los únicos beneficiados, sino también los artistas intérpretes, los editores y los productores.

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Esta nueva norma establece los criterios para determinar la cuantí­a anual de la compensación equitativa por copia privada. En la estimación del perjuicio el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte va a tener en cuenta el número de copias realizadas, el impacto de la copia privada sobre las ventas de las obras, y el carácter digital o analógico de las reproducciones. Otros criterios son el precio medio de las obras, el porcentaje del precio que va destinado a remunerar a los autores, y la vigencia de los derechos de propiedad intelectual de las obras reproducidas. Quedan excluidos los daños “mí­nimos”, que ya se verá cómo interpretan los tribunales. ¿Cómo se reparte? Para los libros, el 55 por ciento es para los autores y el 45 por ciento para los editores. Para la música, el 50 por ciento para los autores, el 25 por ciento para los artistas intérpretes o ejecutantes y el 25 por ciento para los productores. Para los audiovisuales, un tercio para los autores, un tercio para los artistas intérpretes y otro tercio para los productores.

El Estado asigna anualmente la compensación a las entidades gestoras de derechos de autor, que luego se encargan de distribuir las cantidades correspondientes entre los titulares de derechos de propiedad intelectual, según sus normas internas de reparto. En España hay ocho entidades: SGAE (autores y editores), CEDRO (autores y editores), AGEDI (productores musicales), EGEDA (productores audiovisuales), DAMA (autores audiviosuales), AIE (artistas intérpretes o ejecutantes), AISGE (artistas intérpretes o ejecutantes, y VEGAP (artistas plásticos).

Las entidades de gestión de derechos de autor no están contentas con la cuantí­a de la compensación equitativa por copia privada, y ya han reclamado ante la Unión Europea, por considerar el importe insuficiente e inadecuado para los titulares de derechos. Lo cierto es que con el nuevo sistema que sustituye al canon digital, el Estado sólo va a pagar cinco millones de euros para compensar los daños causados durante 2012, frente a los 115 millones de euros que el canon digital reportaba en 2011. Según informa el diario El Paí­s, en las reuniones previas con el Ministerio a los representantes de los autores les habí­an prometido una compensación de 40 millones de euros para 2012, que finalmente se ha quedado en la octava parte. Es necesario recordar que las entidades gestoras de derechos de autor están obligadas por ley a destinar un 20 por ciento de la compensación equitativa por copia privada a servicios asistenciales para sus socios y otro tanto a actividades de formación y promoción de autores y artistas.

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