Resulta interesante comprobar cómo al final pagan siempre los mismos. El gobierno español ha eliminado de facto el funesto canon digital, iba a sustituirlo por una compensación económica que va a salir de los Presupuestos del Estado, que por cierto salen de nuestros bolsillos, igual que el canon digital. Hay un segundo problema. El canon digital era indiscriminado, y lo pagaban tanto quienes copian como quienes no. Y si el dinero sale de nuestros impuestos, nos encontramos exactamente en la misma situación. Todavía no han desarrollado el reglamento que va a poner en marcha este nuevo orden de cosas, pero están en ello.
El Gobierno debe tener mucho cuidado a la hora de redactar el nuevo reglamento, porque si el canon fue acusado de indiscriminado, no hay mayor injusticia que el dinero saldrá directamente de los impuestos que pagamos todos. Y sólo hay una cosa positiva. En el decreto que suprimía el canon digital, se reconocía implícitamente la existencia e incluso la legalidad de la copia privada siempre que los titulares de los derechos pudieran tener acceso a compensaciones equitativas. Así que, de momento podremos seguir haciendo copias privadas aunque en cualquier momento pueden darnos la sorpresa con una definición restrictiva de lo que es una copia privada, en lugar de reconocer que es cualquier copia de una obra con cualquier tecnología disponible, sin ánimo de lucro.
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Hay un problema. El dinero a pagar, será calculado en función de los daños que a la industria y a los autores les va a ocasionar la copia privada, pero esto es algo realmente difícil de cuantificar. ¿De qué manera se mide el lucro cesante? ¿Por el número total de unidades vendidas de cada aparato que sea capaz de hacer una copia? O hacemos caso de nuevo a los lobbies de la industria que llevan años exagerando el problema a voluntad para hacer presión política y nos creemos sus cifras. Los expertos temen que se ajuste lo que se pagaba hasta ahora por el canon digital, y se quite un poco de dinero para no despertar las iras del personal.
La legislación europea, reconoce que sólo es posible que haya copia privada cuando hay una compensación. Durante el período de tiempo que tarde el gobierno en aprobar el nuevo reglamento, los españoles que hagan sus copias privadas van a estar en un limbo legal ciertamente peligroso salvo que el reglamento, se apruebe cuando se apruebe, tenga efecto desde el uno de enero de este año. A partir de ahora, las entidades de gestión como la SGAE deberá solicitar la compensación directamente al Gobierno, y esto podría abrir la puerta al control efectivo de las cuentas de estas sociedades para evitar que se produzca otro escándalo económico como el que mantiene imputados a diversos directivos de la SGAE.
