stop acta 2

No tenemos demasiado tiempo. Los polí­ticos europeos se han ido de vacaciones a Japón, y de paso han firmado el tratado comercial ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). Es un tratado internacional propuesto a iniciativa de los Estados Unidos, que dice combatir el tráfico de obras que violen la propiedad intelectual, desde un bolso falsificado hasta una pelí­cula en descarga en Internet. El Parlamento Europeo tendrá que ratificarlo en junio. Este tratado ya ha sido firmado por Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón entre otros paí­ses.

Pero no todos los paí­ses europeos están de acuerdo. Alemania, Chipre, Eslovaquia, Estonia y Holanda de momento no lo han suscrito. Se trata de un texto muy polémico porque propone una serie de medidas genéricas para acabar con el mercado de las falsificaciones, incluyendo Internet, aunque no lo cita especí­ficamente. Y en este campo, podrí­a penalizar a los proveedores de Internet que no bloqueen el acceso a páginas que tengan contenidos o que ofrecen enlaces a contenidos protegidos con derechos de autor. Las medidas son tan genéricas que casi representa una carta blanca para los polí­ticos.

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No tenemos demasiado tiempo. Los polí­ticos europeos se han ido de vacaciones a Japón, y de paso han firmado el tratado comercial ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). Es un tratado internacional propuesto a iniciativa de los Estados Unidos, que dice combatir el tráfico de obras que violen la propiedad intelectual, desde un bolso falsificado hasta una pelí­cula en descarga en Internet. El Parlamento Europeo tendrá que ratificarlo en junio. Este tratado ya ha sido firmado por Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón entre otros paí­ses.

Pero no todos los paí­ses europeos están de acuerdo. Alemania, Chipre, Eslovaquia, Estonia y Holanda de momento no lo han suscrito. Se trata de un texto muy polémico porque propone una serie de medidas genéricas para acabar con el mercado de las falsificaciones, incluyendo Internet, aunque no lo cita especí­ficamente. Y en este campo, podrí­a penalizar a los proveedores de Internet que no bloqueen el acceso a páginas que tengan contenidos o que ofrecen enlaces a contenidos protegidos con derechos de autor. Las medidas son tan genéricas que casi representa una carta blanca para los polí­ticos.

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