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El guión se cumplió tal y como se esperaba. La llamada Ley Sinde paseó por el Senado en el dí­a de ayer, de la mano de los 244 votos que refrendaban un itinerario que continuará el próximo mes de marzo en el Congreso hacia la aplicación de la polémica norma antidescargas antes de que empiece el verano. No hubo sorpresa, y tal y como se esperaba, los grupos que retiraron su apoyo a la norma que pretende imponer mano dura sobre web de enlaces el pasado 21 de diciembre (PP y CiU), cambiaron de idea para apoyar esa herramienta que convenientemente amadrinó la ministra González-Sinde.

Dicho apoyo quedó justificado por una serie de modificaciones que, dicen desde el PP, sirven para garantizar el papel de los jueces durante el proceso de exámen y posible cierre de webs que se encarguen de facilitar enlaces a material protegido por las leyes de Propiedad Intelectual. Dichas modificaciones, además, están justificadas con una prestación adicional. Y es que el PP busca además, la «armonización» del canon digital en paralelo a la aplicación de la Ley Sinde, considerando que el pago de dicho canon es incluso ilegal. Lástima que el Grupo Popular no pusiera tantas energí­as en luchar contra la ilegalidad del canon sin necesidad de alianzas paralelas con el Ejecutivo.

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Uno de los puntos más interesantes de la jornada de ayer, y uno de los artí­fices de la creación del hashtag en Twitter bajo la etiqueta #nolesvotes, es que desde la oposición aseguraron que «el hecho de que votemos a favor de la Ley Sinde no significa que estemos de acuerdo con ella». Más de 190.000 entradas en la red de microblogging convirtieron el tema en el más seguido de todo el paí­s.

Y como suele ocurrir con las medidas precipitadas que buscan más publicidad que efectividad, la norma parece no contentar a todos. Desde un colectivo de editores y creadores, también pronunciaron su desengaño con el texto final de la Ley Sinde. No llueve a gusto de todos, y a ese lado del portal aludí­an a un error en los objetivos de la norma, que no centrarí­a sus esfuerzos en regular el marco que hace posible la copia y distribución de material protegido, sino en perseguir a los canales de enlace de dicho contenido.

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