La Ley Sinde regresa mañana al Senado. El mismo escenario, que vio como sus señorías tumbaban la disposición adicional a la Ley de Economía Sostenible que el Ejecutivo metió con calzador para regular las descargas de Internet, aprobará, si no se tuerce el guión, un texto aparentemente modificado en las formas, aunque igual en contenido que el que pasó por el Senado el pasado 21 de diciembre.
De este modo, y siguendo los plazos, el polémico ordenamiento podría contar con la aprobación del Congreso durante el próximo mes de marzo, lo cual, siguiendo la agenda, pondría en manos del Ministerio de Cultura las herramientas necesarias para empezar a aplicar la norma de la llamada Ley Sinde antes de comenzar el verano. Así lo ha afirmado a la agencia EFE la titular de Cultura, íngeles González-Sinde, principal impulsora del proyecto.
El hecho de que la Ley Sinde no se empezara a aplicar justo tras la aprobación de la Ley de Economía Sostenible se debe a la necesada de crear el órgano que se encargaría de tutelar las denuncias que deberían ser puestas en manos de los jueces.
Nos referimos a la llamada Comisión de Propiedad Intelectual, una figura dependiente del Ministerio de Cultura que actuaría como denunciante de las webs que enlacen a contenidos protegidos.
Uno de los puntos más polémicos está en los tiempos con que actuaría la Comisión. La sección segunda de la misma (la primera se supone que ejercería un papel dedicado a la intermediación y el arbitraje) podría eliminar contenidos sensibles, o bloquearlos, si transcurridas 48 horas tras la denuncia, el web que contenga los enlaces no los ha retirado por propia voluntad o ha argumentado los motivos por los que no debe quitarlos. Además, en 24 horas, la Comisión podría cerrar una web de enlaces, si el juez competente ve causa para proceder con ello.
