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Que el Anteproyecto de la Ley de Economí­a Sostenible iba a ser polémico es toda una evidencia. Pero que el Gobierno pudiera sortear las dificultades tan diestramente ha sido una sorpresa que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Las páginas web dedicadas a las descargas podrán cerrarse en un mes si un juez expide una orden para tal fin, a través de una petición previa para la cesación de la actividad. Algo que ya realizan habitualmente algunos organismos públicos o particulares a la hora de paralizar obras o evitar que sigan en curso ciertas campañas que les parezcan ofensivas o ilí­citas.

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El orden de actuación será el siguiente. La polémica Comisión de la Propiedad Intelectual (compuesta por varios miembros de la SGAE y de otras asociaciones pro derechos de autor) será la encargada de denunciar ante el juez la actuación de una determinada web, a la que se considere culpable de actuar ilí­citamente contra los derechos de autor. Acto y seguido será el juez el encargado de razonar si la Comisión de la Propiedad Intelectual es el organismo adecuado para pedir la suspensión de la página web y decidirá, en el mismo momento si la página vulnera o no los derechos, y por lo tanto deba ser cerrada. El Gobierno ha anunciado que el plazo entre la denuncia y el cierre podrá ser de una semana o un mes como máximo.

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Este es el cierre «express» que solicitaba la famosa Coalición de Creadores y que contenta a gran parte de los gestores de derechos de autor. Menos contentos estarán los Internautas, cuyas quejas ya se escucharon en la calle dí­as después de la publicación del Anteproyecto, a los que se ha querido contentar con el filtro de un juez. De hecho, Zapatero ya anunció que no se cerrarí­a ninguna página web sin que antes lo hubiera decidido un juez. Algo que no impide, sin duda, que los derroteros vayan hacia el modus operandi de Nicolas Sarkozy con su polémica ley Hadopi.

A ésto, y para amortiguar las quejas, después de la decisión del juez, el propietario de la página web tendrá un plazo de tres dí­as para eliminar los contenidos que supuestamente infringen la ley. A esta medida habrá que sumarle la posibilidad de recorte de la conexión a Internet, incluido en la Ley de la Sociedad de la Información con la voluntad de «salvaguardar los derechos de la propiedad intelectual«.

Fotos de: Diane M.Byrne, UK in Spain y Arguez

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