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El problema de las descargas, los derechos de autor y la represión polí­tica que ejercen algunos gobiernos sobre las libertades de los ciudadanos (véase el caso francés) no pueden durar mucho más. O al menos, eso es lo que pretende el Barcelona Culture Forum, una asociación con representantes de más de veinte paí­ses que acaba de difundir la Carta para la Innovación, la Creatividad y el acceso al Conocimiento.

Un documento que pretende sentar las bases de los derechos de acceso a la cultura, dejando a un lado las penalizaciones o coacciones de derechos fundamentales. Y nos referimos al corte de la conexión a Internet o a las estratosféricas multas que algunos jueces han impuesto a ciudadanos particulares.

http://www.youtube.com/watch?v=EUrmenxrVLM

Después de la celebración de los premios Oxcars, más de 100 expertos en materia cultura, jurisprudencia o tecnologí­a se reunieron en el Foro de Cultura Libre para redactar un plan ciudadano (así­ es como lo llaman) en el que se reinterpreta la legislación sobre derechos de autor, teniendo en cuenta la realidad tecnológica emergente. La misma contra la que están luchando erróneamente nuestros gobiernos.

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La carta ha sido difundida a más de 1.000 instituciones públicas, ya que incluye una respuesta jurí­dica contundente a varios planes gubernamentales que pretenden regular el problema. Estamos hablando de los planes de desarrollo de distintos gobiernos, incluido el de la administración Obama y el de la próxima presidencia española de la Unión Europea, cuya voluntad es (según el propio Foro) la de «reforzar el control de Internet» y criminalizar la cultura del intercambio de archivos.

Es interesante ver que los miembros de este foro comparan la revolución digital con la de la imprenta en su tiempo. A esto, como ya hicieron los hombres del siglo XV, habrá que aprender a adaptarse y a legislar teniendo en cuenta esta realidad ineludible. De momento, los miembros del Foro ya han enviado la carta a las instituciones, que por cierto ya han mostrado interés por escucharles.

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El valor de la iniciativa reside en la voluntad de crear una carta sobre los derechos civiles de los ciudadanos. Un documento que sea irrechazable y que también proteja a los artistas que quieren vivir de su trabajo, penalizando asociaciones como la SGAE, cuya voluntad es únicamente la de «proteger sus intereses privados pasando por encima de los de la sociedad en general«.

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