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En el Consejo de Ministros de hoy, el ejecutivo popular ha aprobado el reglamento que acompaña a la ley Sinde. Es una ley que crea una comisión de propiedad intelectual facultada para cerrar páginas, acusadas de piraterí­a de forma sumarí­sima. Según el Gobierno, con esta ley esperan proteger los derechos de propiedad intelectual frente a lo que denominan «expolio». Han afirmado que sólo se va a actuar con protección judicial, pero está por ver, porque el reglamento todaví­a no ha sido publicado en el Boletí­n Oficial del Estado, y aún puede reservar muchas sorpresas, seguro que desagradables.

Dentro del mismo reglamento, y por obligación con nuestros socios europeos, se ha eliminado el llamado canon digital, aunque los especialistas no están demasiado seguros de que esto vaya a representar un abaratamiento en los soportes y dispositivos que estarán gravados con este canon. Temen que muchos comerciantes aprovechen la coyuntura para mantener los precios, y de paso sacarse unos euros extra. Además no es momento para alegrarse porqué el gobierno popular espera sustituir el impopular canon digital por otro sistema de compensación a los autores, aún por determinar.

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De nada han servido las protestas y las crí­ticas de los internautas en la red. No tienen la menor importancia para el actual gobierno, aunque en tiempos electorales si consiguieron acobardar al anterior ejecutivo socialista. Con esta ley, cualquiera que considere que una página web viola sus derechos de autor, puede denunciarla ante la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. La Comisión solicitará los datos del propietario de la página para pedirle que retire el contenido. Un juez será quien debe tomar la decisión de si el proveedor de acceso a Internet está obligado o no a desvelar los datos del propietario de la página.

Como el reglamento no está aprobado, no sabemos si el gobierno ha decidido definir como infracción de la propiedad intelectual sólo el alojamiento de contenidos sometidos a copyright, o si también creen que debe ser castigado el simple hecho de enlazar. Eso sí­, insisten en que se castigará a todos aquellos que se lucren con los derechos de autor ajenos sin autorización. El cierre de las páginas puede llegar a efectuarse en un máximo de 10 dí­as, con la mera autorización de un juez que en la mayorí­a de los casos no tienen idea de Internet y no querrá oponerse a los poderosos lobbies de la industria cultural. A partir de ahora, las asociaciones de defensa de derechos del copyright podrán eliminar cualquier página que no les guste simplemente acusándola de ser sospechosa. Con la página cerrada, es el propietario de la misma quien deberá demostrar que es inocente. Por cierto, el reglamento no va a contemplar ningún sistema de indemnización por lucro cesante derivado del cierre de la página en caso de que sea inocente.

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