Asociaciones de consumidores: primero cobran, luego ayudan

Las asociaciones de consumidores no son organismos de beneficencia. Cuando nos ponemos en contacto con alguna de ellas (si lo conseguimos), inmediatamente nos intentan captar para que nos hagamos socios, pagando religiosamente una cuota de afiliación.

Lo hemos leído en la revista Connect, especializada en dispositivos móviles, y que en su número de noviembre publica un reportaje de cuatro páginas sobre las asociaciones de consumidores, titulado “Buscando socios desesperadamente”. El texto es resultado de una investigación de campo, en la que la periodista Concha Viqueira intentó contactar por teléfono con ocho de estas organizaciones para pedir asesoramiento en una ficticia disputa legal con una compañía telefónica. Y los resultados finales han sido bastante decepcionantes.

Para empezar, fue imposible contactar con la mitad de asociaciones: la Asociación General de Consumidores (ASGECO), la Unión de Consumidores de España (UCE), la Federación de Usuarios - Consumidores Independientes (FUCI) y la Unión Nacional de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de España (UNCCUE). Curiosamente, al llamar a ASGECO y UNCCUE responde la misma persona, un “señor con acento francés”, que remitió a la periodista a llamar a otro número de teléfono, el mismo en ambos casos, y al que no responde nadie durante varios días.

Con las otra cuatro asociaciones, tuvo más o menos dificultades, pero pudo contactar. Por ejemplo, con FACUA (Federación de Consumidores en Acción). Esta asociación respondió que primero tenemos que enviar una reclamación por escrito a la compañía telefónica y esperar 10 días hasta recibir una contestación de ésta. Sólo entonces, FACUA proporcionaría soporte jurídico para una denuncia, y siempre y cuando nos hagamos socios, pagando una cuota de 38,75 euros el primer año y 33 euros los siguientes.

La siguiente es la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios). Esta vez, la periodista llama afirmando que ya ha enviado la reclamación y recibido la contestación correspondiente. En primer lugar, le preguntaron si era socia de la OCU, y luego le informaron de que no podían prestar soporte jurídico. Sólo asesoría y documentación, previo pago de una cuota mensual de 4,3 euros por la que también recibiría una revista por correo. Los dos primeros meses, este servicio es gratuito.

La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) también preguntó en primer lugar si estaba abonada a la asociación, y luego informaron de que para obtener apoyo jurídico hay que pagar una cuota anual de 41 euros que cubre todas las gestiones excepto acompañarla en un juicio. Seguidamente, preguntaron en qué consiste exactamente el problema, y la invitaron a enviar una reclamación por escrito a la compañía telefónica, que en esta ocasión tiene un mes para contestar. A partir de entonces, y después de hacerse socia, emprenderían acciones para ayudarla.

La última asociación con la que la revista Connect pudo contactar fue la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU). Los trámites para que atiendan son un poco engorrosos: hay que enviarles un e-mail explicando el problema, esperar una semana y llamar por teléfono un martes o un jueves por la mañana. Superado el proceso, la telefonista comprobó el expediente y directamente la puso en contacto con un abogado, sin preguntar si era socia ni proponérselo.

Una de ocho

“Sólo CEACCU nos ayudó sin pedirnos un euro a cambio”, reza uno de los destacados del reportaje. Y esto es “un ejemplo para el resto de organizaciones” según Miguel Ángel Muñoz, director de la revista. Para Miguel Ángel, que es también colaborador del programa SER Digital, el reportaje “da una idea bastante clara de la verdadera función que cumplen estas, diría yo, empresas, más que asociaciones”.

“Nacidas, hipotéticamente, para luchar por los derechos de los usuarios y ayudarles en momentos críticos, la realidad de funcionamiento es totalmente contraria”, diserta el director de Connect, a quien le llama la atención que “por ejemplo al hablar con FACUA, nos dejan claro que si un abonado no paga sus cuotas paralizan cualquier ayuda que le estén ofreciendo”.

Nuestro punto de vista en tuexperto.com es que por un lado, es preocupante que no se consiguiese contactar con la mitad de asociaciones, y especialmente en el caso de ASGECO y UNCCUE, que comparten tanto número de teléfono como telefonista. Para el resto de asociaciones, sin acritud, no vendría mal tomar el reportaje para hacer una autocrítica constructiva.

Podríamos decir que es una forma de “recibir su propia medicina”, ya que si uno lee las revistas y publicaciones de este tipo de organismos, encontrará reportajes y estudios muy parecidos al elaborado por Connect, pero analizando a otras empresas. Las asociaciones de consumidores, al fin y al cabo, también son entidades privadas, y por tanto susceptibles de ser evaluadas (y más cuando reciben subvenciones públicas).

En cualquier caso, hay que aclarar que la media de la cuota de afiliación a estos organismos es de 35 euros anuales, muy inferior a la de cualquier otra sociedad de asesoramiento jurídico. Y como concluye el reportaje, sus servicios “pueden resultar útiles para aclarar, en materia de consumo, nuestros problemas presentes y venideros”. En definitiva, hay que cuidar también las formas. Por supuesto que deben buscar afiliados, pero no estaría mal que no nos atendiesen de una forma tan similar a la de un telefonista comercial, preocupado sobre todo porque nos hagamos socios.