Habrá desconexión digital y estará recogido en una ley. Así lo ha acordado el Congreso de los Diputados, tras añadir a la redacción de la Ley de Protección de Datos que está tramitando la cámara, el denominado «derecho a la desconexión digital» para trabajadores y empleados públicos.
Se trata de una nueva norma que permitirá a los profesionales dejar de atender cuestiones relacionadas con su trabajo, cuando se encuentran de vacaciones, de permiso o en los días de festivos o de descanso. Y es que la mitad de los trabajadores siguen respondiendo mails y llamadas en vacaciones.
Este nuevo artículo que recogerá la legislación, incluirá una mención expresa al respecto del tiempo de descanso, de los permisos y las vacaciones, además de la intimidad personal y familiar. Pero esto no es todo. Porque la nueva ley también deberá incluir una política expresamente dirigida a los trabajadores, que se ocupe precisamente de este derecho a la desconexión.
Sensibilizar a los trabajadores para la desconexión
Las políticas internas dirigidas a los empleados y también a los directivos (no hay que perder de vista que los cargos que tienen más responsabilidad, tienden a desconectar menos) tienen que ser estrictos a la hora de definir cómo tiene que llevarse a cabo esta desconexión. También tienen que celebrarse formaciones y jornadas de sensibilización para que los empleados usen de manera razonable las herramientas tecnológicas.
Estas nuevas normas tendrán que añadirse y conformarse de acuerdo con la negociación colectiva, con el objetivo de potenciar el derecho a la conciliación laboral, de la vida personal y familiar. Estas buenas prácticas se incluirán en un total de 21 artículos, bajo el epígrafe Garantía de los derechos digitales, dentro de la Ley de Protección de Datos.
De momento estamos ante un proyecto aprobado en ponencia. La semana que viene pasará a manos de la Comisión de Justicia. Esta misma ley incluirá como fundamental el derecho a la intimidad a la hora de usar dispositivos digitales. Todos los equipos utilizados tendrán que respetar los estándares mínimos de protección y preservar la privacidad de los trabajadores, también si tienen derecho a usarlos en el ámbito privado.
