Microsoft

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha pedido en numerosas ocasiones información sobre los usuarios de Microsoft sin que estos tuvieran conocimiento. La compañí­a acusa al Departamento de Justicia de prohibirles informar a sus clientes de que sus datos se habí­an solicitado, lo que se considera anticonstitucional en la legislación estadounidense.

Aparte de los problemas por los derechos establecidos en las Enmiendas Cuarta y Quinta de la Constitución de Estados Unidos, Microsoft considera que la actuación del Departamento de Justicia se apoya en la sección 2.705 (b) de la Ley de Privacidad de las Comunicaciones, que deja un margen excesivamente amplio para la actuación de las autoridades, y que se está aprovechando esa flexibilidad para ejercer un control excesivo sobre las empresas de tecnologí­a y sus usuarios.

La empresa de Bill Gates ha declarado que los tribunales federales de Estados Unidos han emitido unas 2600 órdenes de confidencialidad en los últimos 18 meses, lo que supone en la práctica una prohibición a las empresas de comunicar a sus usuarios que están siendo investigados o espiados por los organismos gubernamentales. Y lo verdaderamente alarmante es que muchas de esas órdenes no tení­an fecha de expiración, así­ que las empresas sujetas a ellas no podrán informar nunca a sus clientes.

Microsoft

El número de peticiones que ha recibido Microsoft para investigar a sus usuarios asciende a 5624, y aunque en la mayorí­a de los casos esos controles parecí­an justificadas por cuestiones de seguridad, la empresa considera que, de todas formas, el Departamento de Justicia ha sobrepasado lí­mites constitucionales y vulnerado el derecho a la privacidad de sus clientes.

La rebelión de Microsoft se produce después de que las autoridades amenazaran a la empresa de acusarla de desacato (Microsoft habí­a disputado una orden especí­fica para un caso concreto y las autoridades lo consideraron improcedente).

La eterna lucha entre las compañí­as y el gobierno de Estados Unidos

Este no es el único caso de conflicto entre las grandes empresas tecnológicas y las instituciones gubernamentales de Estados Unidos, en un paí­s donde resulta complicado establecer los lí­mites entre las cuestiones de seguridad ciudadana y los derechos a la privacidad de los usuarios y de las comunicaciones en Internet.

El FBI ha presionado a compañí­as como Apple y Google para evitar que cifren su información, e incluso ha desbloqueado el iPhone del terrorista de California sin permiso ni ayuda de Apple.

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