La Comisión Sinde era, hasta hoy, un equipo secreto. La Comisión de la Propiedad Intelectual (CPI) es ese equipo que decide qué páginas o sitios web pueden incurrir un delito según la famosa Ley Sinde, propuesta por la exministra homónima. La Secretaría de Estado de Cultura no había querido revelar hasta el momento los miembros de ese equipo. El argumento había generado cierta polémica. Y es que los miembros de las comisiones públicas suelen tener nombre y apellidos públicos que se publican en el BOE (Boletín Oficial del Estado). En este caso, además, conocer el nombre de los miembros de la Comisión permitiría a los ciudadanos que hayan sido acusados, ver si el miembro que lo ha denunciado pudiera tener algún interés personal en el proceso, incompatible con las funciones que desarrolla en dicha comisión. La teoría dice que nadie puede ser juez y parte de este proceso, así que han sido muchos los que han reclamado conocer quien formaba parte de este grupo. El Estado no había revelado sus nombres amparándose en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Pero hoy las cosas han cambiado. El diario El Mundo ya tiene en su poder el nombre de todos aquellos que forman parte de la polémica Comisión. ¿Quiéres saber quiénes son?
Pues bien, empecemos por su presidenta. Ella es la señora Teresa Lizaranzu Perinat, licenciada en Derecho y diplomática, directora general de las Industrias Culturales y del Libro, un organismo que depende directamente del Ministerio de Cultura. Ha trabajado en distintos cargos relacionados con Exteriores. Además, como suele ocurrir con los altos cargos, está casada con otro mandamás, en este caso de La Moncloa. Se trata de ílvaro Nadal, director de la Oficina económica de la casa del Presidente Rajoy. Menuda casualidad.
Doña Lizaranzu está al cargo de todos miembros, provenientes de distintas áreas. Son las siguientes: Cultura, Industria, Presidencia y Economía. En la primera nos topamos con el señor Carlos Guervós Maíllo (titular) que trabaja como funcionario del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado y desde 2011, ya con el gobierno de Rajoy, ostenta el cargo de subdirector general de Propiedad Intelectual. Anteriormente también formó parte de la Comisión de Propiedad Intelectual, del Grupo de trabajo Propiedad Intelectual-Derechos de autor, del Ministerio del Interior y del Ministerio de Trabajo. Su suplente es Jaime Mendoza Fernández, parte de la Subdirección General de la Propiedad Intelectual. Llama la atención su artículo publicado para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, defendiendo la posibilidad de que sean los entes públicos los encargados de gestionar los derechos de autor.
De Presidencia tenemos a Lucía Escapa Castro como titular. Es un cargo político que ha trabajado en distintas ocasiones para los ministerios de Hacienda, Defensa y Presidencia. Ahora es subdirectora general de Tecnologías y Servicios de la Información, pero ha trabajado en Santillana Formación, la editorial del Grupo Prisa. Como suplente está otro funcionario que trabaja en la Secretaría General Técnica, aunque anteriormente había sido secretario del Ministerio de Sanidad y Política Social.
Y seguimos con el resto de miembros. Ahora con los de Industria. El titular que forma parte de la Comisión Sinde es Carlos Romero Dupla, licenciado en derecho y abogado del estado. También tiene un cargo en el gobierno: subdirector general de Contenidos de la Sociedad de la Información en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Tiene una vinculación importante con las telecomunicaciónes y forma parte de los más altos estamentos de este país. Sí, según indica El Mundo, Romero es hijo del X marqués de San Saturnino y VIII conde de Fontao, conocido – más que nada – por haber sido asesor de la Casa del Rey. Como suplente de esta área está Gema María Campillos González, subdirectora general de Servicios de la Sociedad de la Información en el Ministerio de Industria.
Pero esto no es todo. Nos faltan los miembros de la sección de Economía. Los que se encargan de las cuentas son ambos funcionarios. Por un lado tenemos a Pedro Cortegoso Fernández, funcionario y asesor del gabinete técnico en la Subsecretaría de Ciencia e Innovación. Su suplente es Mar Omedas Aldanondo, agobada y funcionaria.
Con todo, nos quedan claras un par de cosas. Por un lado, que este país tiene más cargos en la administración que tareas por realizar. Por otro, que el gobierno mantiene en sus trece su voluntad de hermetismo, al no haber divulgado naturalmente los nombres de estos señores. La Comisión Sinde no es otra cosa que un tribunal inquisitorio copado de cargos políticos que probablemente ejecutarán sin contemplaciones una ley que vulnera de manera evidente la libertad de prensa y que nos retrotrae a una época a la que nunca jamás hubiéramos querido regresar.
La Ley Sinde es en realidad un apartado del anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible (LES) Ley 2/2011, presentada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La propuesta no tardó en generar grandes críticas por querer regular de un modo – cuanto menos dictatorial y poco equitativo – la ley de la propiedad intelectual sobre las páginas web que publicaban contenidos protegidos con derechos o enlaces que dirigían a ellos. La ley fue aprobada en el Senado gracias a los votos del Partido Popular (PP) y de Convergí¨ncia i Unió (CiU) en 2011, pero no pudo llegar a buen puerto porque los miembros del gobierno de entonces (PSOE) no estaban totalmente de acuerdo con la propuesta. Con la llegada del PP al gobierno, Mariano Rajoy aprobó al ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert, el Real Decreto que permitió impulsar definitivamente la ley. La Comisión de la Propiedad Intelectual, de la que hoy hemos conocido sus miembros, comenzó a trabajar desde el 1 de marzo de 2012.
Como primer paso deberían analizar sus ordenadores y direcciones IP para comprobar que «los elegidos» han realizado descargas para nosotros ilegales. Incluir en el análisis a hijos y otros familiares.