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Los ciudadanos de todo el mundo que se oponen a la implantación del tratado comercial ACTA han marcado con una X el dí­a de hoy en el calendario. Es la jornada de lucha contra el intento de eliminar la libertad de expresión en Internet. Los españoles también se apuntan, y han organizado unas cuantas manifestaciones, sobre todo en Madrid y Barcelona. El caso español es un poco especial porque no sólo tenemos que luchar contra este acuerdo comercial impuesto mediante chantaje por los norteamericanos, sino que además aprovecharemos para mostrar nuestro rechazo contra el recientemente aprobado reglamento de la ley Sinde-Wert.

De la ley Sinde se ha escrito ya mucho, pero el tratado ACTA bastante menos porque los polí­ticos europeos, que se fueron de fiesta a Japón para aprobarlo, han hecho todo lo posible para que no se conozca. Lo han negociado en secreto, han acelerado los trámites de aprobación, y han bloqueado la mayorí­a de los intentos de obtener información. La opacidad ha sido tan grande que el ponente nombrado por el Parlamento Europeo para estudiar el proceso de aprobación, escandalizado, ha dimitido mientras en un informe denunciaba todas las irregularidades que envolví­an al caso.

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No todos los paí­ses han decidido mostrarle su pleitesí­a al amigo americano. Algunos gobiernos han dicho no aunque sólo sea por el momento. Holanda, Chipre, Eslovaquia, Estonia y Alemania han negado su firma el tratado. Eslovenia, Letonia, Polonia, Rumania y la República Checa han suspendido la ratificación a la vista de la reacción de sus ciudadanos. La embajadora eslovena en Japón ha tenido que pedir disculpas por haber firmado. Buscando un pretexto para salvar los muebles, ha dicho que no le dio tiempo a leer el texto, porque está muy ocupada, y que además tení­a que cogerse unas vacaciones porque estaba muy cansada. Todo un poema. Ahora pide manifestaciones contra el tratado.

ACTA pretende acabar con las libertades en Internet. Intenta que los proveedores de acceso a Internet se impliquen en la lucha que mantienen los lobbies del copyright. Para obligarles, exige incluso que los paí­ses firmantes aprueben medidas jurí­dicas coercitivas contra las empresas que nieguen su apoyo. De esta manera los proveedores de acceso, para evitar multas y pérdidas económicas se acabarí­an convirtiendo en policí­as de la red. Los ciudadanos tendrí­an menor seguridad jurí­dica porque quienes tienen la obligación de custodiar y mantener secretos sus datos, los ofrecerí­an al primer lobbista de Hollywood que los solicitara para iniciar una campaña de chantajes a usuarios. Los polí­ticos europeos dicen que cualquier forma de persecución en Europa se harí­a ví­a judicial, pero conociéndoles, cualquiera se confí­a.

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