La Unión Europea estableció una serie de normas nuevas en materia de telecomunicaciones que reconocían nuevos derechos para los usuarios de servicios de telecomunicaciones como la telefonía móvil o Internet. Los países miembros tenían de plazo para ajustar las legislaciones nacionales hasta el 25 mayo de este año, pero hay 20 países que no han encontrado un pequeño hueco en sus agendas legislativas para llevar a cabo la tarea. Entre ellos se encuentra España.
Sorprende la rapidez con la que los legisladores españoles aprueban en algunos casos algunas leyes, y otras, hechas para defender los derechos de los ciudadanos, se eternizan en el cajón de los asuntos pendientes. Así, en la Unión Europea han abierto un expediente contra España y los demás países que no han transpuesto estas normativas legales a las leyes locales. Son muy pocos los países que han hecho sus tareas, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Malta, Suecia y Reino Unido. Los demás países «están en ello».
Estas nuevas normas han sido creadas para mejorar los derechos de los usuarios frente a las empresas de telecomunicaciones. Entre ellos, se incluye el derecho de los ciudadanos a cambiar de operador en un solo día, y sin perder el número de teléfono. En ese incluyen otros aspectos como una mayor trasparencia sobre los servicios ofertados y sus precios, y fortalecer la obligación por parte de las empresas de proteger los datos personales de los clientes en Internet.
Los países retrasados tienen apenas dos meses para ponerse las pilas. Si no lo hacen, desde la Unión Europea les va a llegar un requerimiento oficial, algo así como un tirón de orejas en los que se les exige que apliquen las nuevas leyes. Si no hacen caso, acabarán ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los 20 países expedientados son Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Holanda, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia además de España.