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Hay que ver lo poco que le ha costado al Gobierno convencer a los diputados del Partido Popular (PP) y de CiU (Convergí¨ncia i Unió) para rescatar la polémica ley Sinde de la papelera en la que habí­a sido desechada. Gracias a un pacto entre estas tres fuerzas polí­ticas el Gobierno logró coger con pinzas la ley de la discordia para que pueda superar el trámite de aprobación en el Senado. Lo cierto es que la legislación ha sido modificada, aunque no lo suficiente para que nadie esté satisfecho. Y en este punto nos referimos a los creadores y a a los internautas, criminalizados desde hace tiempo por la SGAE y sus acólitos. En cualquier caso, el texto ya ha sido aprobado. Esto significa que en España existirá una ley que permitirá cerrar páginas web que pongan a disposición del usuario contenidos protegidos con derechos de autor.


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El PSOE ha tenido que retocar el texto para que PP y CiU lo vieran con buenos ojos. Aunque lo cierto es que no les ha costado mucho dar el sí­. Pero veamos cuáles han sido las reformas. Para empezar, en lugar de cerrar las páginas en dos dí­as, podrán clausurarlas en un plazo de 15 o 17 dí­as. También se contempla que los organismos judiciales intervengan un poco más en el proceso. Ya sabéis que la famosa Comisión de la Propiedad Intelectual tendrá el derecho de solicitar el cierre de una página web de la que se haya recibido denuncia. En ese momento, tendrán que pedir información relativa al propietario del sitio: nombre y apellidos, cantidad de usuarios y muchos otros datos que no han trascendido. El caso es que según la nueva modificación, este requerimiento tendrá que ordenarlo un juez.

A estos cambios hay que añadir el hecho de que el juez vaya a velar, según la legislación por los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, además del secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráfica y telefónicas, salvo resolución judicial. Faltarí­a más.

Y después de ésta no hay más enmiendas. La ley Sinde es la que es y ha sido aprobada por unanimidad. Mientras tanto, la ministra íngeles González-Sinde se jactaba ayer por la noche de haber aprobado una ley distinta a la de los otros paí­ses de nuestro entorno. Ni más ni menos.

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Y por si con esta pí­ldora no tuviéramos bastante, la ministra se ha comprometido a modificar la legislación del canon digital, a raí­z de la sentencia pronunciada por el Tribunal Europeo acerca de esta cuestión. Dice Sinde que se ampliarán los colectivos exentos de pagar el gravamen por copia privada. Esto significa que es muy probable que el usuario de a pie tenga que seguir pagando a Alejandro Sanz a la hora de comprar un pendrive, un móvil o un CD en los que no piensa grabar el Corazón Partí­o. ¿Va a ser así­, ministra?

Fotos: Arguez, elenac y MyCd

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