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«Parásitos sociales buscadores de rentas». Esta es la imagen que se tiene en España de la SGAE y otras sociedades encargadas de luchar por los derechos de autor. No lo decimos nosotros. Lo dice la Embajada de Estados Unidos en España, según publica El Paí­s. La Embajada. Los mismos de los cables de WikiLeaks. Parece que con la renovada afición por la conspiración, las tortas le están cayendo a todos por igual, y seguramente, antes del proceso Sinde pocos pensaban que la SGAE también tendrí­a su cuota de protagonismo en la trama internacional de «espionaje» diplomático.

Lo que más llama la atención de la forma en que WikiLeaks también salpica a nuestra SGAE es que hay luces y sombras en la relación entre la sociedad de autores y la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Por un lado, ambas figuran habrí­an mantenido colaboraciones enfocadas a bienes comunes. SGAE habrí­a cogido de la manita a la diplomacia estadounidense para enseñarse cuáles son los principales enemigos de los derechos de autor, tuletando además acerca de las herramientas óptimas para pararseles los pies.

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Pero, por otro lado, desde la Embajada daban cuenta a la Metrópoli (Washington) sobre la negativí­sima imagen de la SGAE en España, así­ como de los varapalos que se estaba llevando ante la justicia (recordándose el caso de espionaje en una boda de Sevilla, en la infiltró un «topo»).

No obstante, regresando al punto anterior, resulta muy llamativo que SGAE ayudara a Estados Unidos a espiar a varias webs de enlaces y descargas (www.elrincondejesus.com, www.fase6.com, www.sharemula.com, www.elitemp3.net, www.ddr.mforos.com, www.posteando.com y www.vagos.es), con objeto de que la Embajada analizase las fórmulas para impedir la proliferación de estos sitios empleando, entre otras cosas, sanciones y restricciones a los usuarios.

De hecho, en un determinado momento, la Embajada sugiere que la solución podrí­a pasar por suprimir los servicios de conexión a Internet a los usuarios que participen activamente en el suministro o descarga de contenidos definidos como ilegales por parte del Gobierno de Estados Unidos. Sugieren en un cable que la identificación de la IP sin relacionarla con la identidad del usuario podrí­a definirse como una fórmula efectiva sin vulnerar la legislación española, que protege la privacidad del cliente.

No obstante, las intenciones de los conspiradores podrí­an haberse topado con el muro de la justicia nacional, ya que según comunicaron desde la Embajada, los tribunales españoles no ven actividad delictiva en el tráfico de datos en redes P2P, siempre y cuando no exista ánimo de lucro entre los implicados.

Y todo esto lo sabemos tras el rechazo de la Ley Sinde en el Congreso, y un dí­a después de que El Paí­s demostrara a través de nuevos cables de WikiLeaks la implicación de Estados Unidos en el padrinazgo de la malograda disposición segunda, así­ como en las presiones a las que habrí­a sido requerido el paí­s norteamericano para arrancar de la oposición el apoyo necesario para que la Ley de Economí­a Sostenible saliera adelante con el remiendo que habrí­a dado cerrojazo a las webs de enlaces.

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