Las principales asociaciones que representan a la industria de los contenidos en Estados Unidos quieren que el Gobierno de su país les ayude a proteger sus derechos de propiedad intelectual en todo el mundo. Entre dichas asociaciones se encuentran la MPAA (cine), la RIAA (música), la DGA (directores de cine) o la SGA (actores). Este potente grupo de presión se autodenomina «la organización de las comunidades creativas», como si el resto de los artistas y los autores tuvieran un encefalograma plano.
Las muchas recomendaciones específicas que han hecho llegar a la responsable de coordinar el cumplimiento de la propiedad intelectual en Estados Unidos sí pueden considerarse creativas, al menos en lo que agresivas tácticas se refiere. Por ejemplo, camuflar espías dentro de las suites de seguridad antivirus que bloqueen e informen subrepticiamente de todo el material sospechoso que encuentren en el ordenador del usuario.
La idea es que los administradores de red y los proveedores de servicios de Internet hagan uso de diversas tecnologías que ya está uso para luchar contra el spam y los virus sólo que esta vez para proteger la propiedad intelectual de unas compañías privadas. Se trata de establecer en los servidores de estos proveedores filtros de contenidos, rastreadores de ficheros, tecnologías de reconocimiento de contenidos con marcas de agua, e incluso infraestructura de escaneo para detectar las suscripciones a feeds RSS de sitios que informan de enlaces a contenidos. Otras acciones que pretenden que los administradores y proveedores tomen es el bloqueo y el redireccionamiento de sitios considerados «reincidentes», así como estrangular el ancho de banda de los consumidores más activos.
La industria de contenidos estadounidense pretende que el Gobierno Federal se movilice a todos los niveles para proteger sus propiedades (las de la industria), elaborando leyes a su medida, proporcionando recursos de todo tipo, e incluso aplicando tratamientos especiales a aquellos países poco colaboradores. El enemigo a batir, según la industria, puede adoptar muchas formas, pero el principal es «el robo en línea de obras bajo copyright». Y la idea es atacarle desde todos los flancos, empezando porque el Gobierno logre la cooperación de todos los «intermediarios» que «fomentan el robo de obras protegidas«. Estos intermediarios son, a juicio de la industria, los proveedores de alojamiento, los motores de búsqueda, las redes de publicidad en línea, los sistemas de pago en línea, los registradores de nombres de dominio, los servicios proxy, y la redes sociales.
La colaboración se sustancia en «flexibilidad» para seguir implantando «innovaciones tecnológicas», cuyo objetivo es identificar a los infractores, empezando por la IP (dirección de Internet) desde la que se conectan. También piden, por ejemplo, que un proveedor de alojamiento corte por lo sano el servicio a cualquier bloguero que la industria considere «infractor reincidente». Otras recomendaciones de este grupo de presión se encaminan hacia legislaciones estatales que tipifiquen como delito «la compartición o el streaming de ficheros en línea no autorizados».
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