La Ley de Economía Sostenible no ha quedado postergada en el olvido. Nada más lejos de la realidad. La Unión Europea acaba de poner en duda las medidas antipiratería que España y Francia han presentado en sus respectivos países para combatir las descargas conocidas como ilegales. Si por una parte el gobierno francés aprobó los recortes en las conexiones ADSL de los ciudadanos, el español con la Ministra González-Sinde al frente promovió hace unos meses el cierre cautelar de páginas web. Algo que en otras décadas habríamos denominado censura, ha querido pasar desapercibido en el margen de un texto llamado anteproyecto de ley. Pero se ve que no lo han conseguido.
Pero la crítica a estos sistemas ha llegado tan lejos como podía hacerlo. Ha sido nada menos que Peter Hustinx, el responsable de protección de datos de la Unión Europea, el que ha publicado un informe de carácter oficioso para exponer su opinión al respecto. Hustinx dice que según la legislación europea no es posible que se usurpen las direcciones IP de los ciudadanos, a no ser que se disponga de una autorización judicial previa. Y si se diera el caso, tendría que concederse al ciudadano una tregua mínima de tres o cuatro semanas en lugar de apuntarse a la dinámica de los tres avisos en la que pretenden acomodarse tanto el sistema español como el francés.
Hustinx comenta en el informe que presentó el día 22 de febrero, que las leyes propuestas atentan contra la privacidad de los ciudadanos, entrando de manera abusiva en su esfera privada. Es por eso que ha propuesto el desarrollo de medidas alternativas, capaces de sustituir a las actuales para encontrar un sistema justo en la distribución de contenidos que no suponga un grave perjuicio para los internautas de a pie. Es de esta forma como el valiente Peter Hustinx se ha atrevido a poner en duda las políticas que ejecutan gobiernos como el nuestro, fervientemente respaldados (y viceversa) por entidades como la SGAE, cuyo lucro está generando un rechazo ciudadano generalizado.
Fotos de: 0neirox y European Parliament