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Esquelas contra el canon digital. Esa es la forma que ha adoptado la enésima campaña que diversas asociaciones y grupos de ciudadanos, agrupados en torno a la plataforma Todoscontraelcanon, han puesto en marcha. La campaña, bajo el lema “El canon mata la cultura” ha presentado un documento que solicita al Gobierno que aproveche la tramitación de la Ley de Propiedad Intelectual para cambiar la polémica e irregular Disposición Final Primera por una disposición que acabe de una vez por todas con el impuesto peor gestionado y más impopular creado desde el derecho de Pernada.

El documento, que ha sido entregado por La Asociación de Usuarios de Internet (AUI) y la Asociación de Internautas (AI) en el propio Congreso de los Diputados, se ha enviado a los miembros de la Subcomisión de Propiedad Intelectual y a los responsables de los grupos parlamentarios encargados de debatir la aprobación de la Ley de Economí­a Sostenible.

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De momento, el borrador de esta ley pretende, en su Disposición Final Primera, permitir que un órgano administrativo (y demasiado cercano a los intereses de las entidades de gestión de derechos de autor) pueda cerrar páginas web que publiquen enlaces a páginas en las que se vulneren obras protegidas por derechos de autor. La ambiguedad y una pésima (o interesada) redacción permitirán, en la práctica, utilizar la ley como una herramienta de censura capaz de cerrar páginas web (que al fin y al cabo son medios de comunicación) en cuatro dí­as y sin la debida intervención de un juez.

La solicitud ha sido suscrita por 29 Ayuntamientos, 4.920 organizadores y 1.142.891 ciudadanos que la han firmado de manera individual. El texto presentado propone la eliminación del canon digital en un plazo de dos años y sus sustitución por un impuesto que grave la obra directamente y que se gestione de manera directa por el Gobierno, no por entidades privadas con ánimo de lucro. También propone la eliminación de la aplicación del impuesto a determinadas plataformas como radio, locales públicos u obras benéficas.

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