Esquelas contra el canon digital. Esa es la forma que ha adoptado la enésima campaña que diversas asociaciones y grupos de ciudadanos, agrupados en torno a la plataforma Todoscontraelcanon, han puesto en marcha. La campaña, bajo el lema “El canon mata la cultura” ha presentado un documento que solicita al Gobierno que aproveche la tramitación de la Ley de Propiedad Intelectual para cambiar la polémica e irregular Disposición Final Primera por una disposición que acabe de una vez por todas con el impuesto peor gestionado y más impopular creado desde el derecho de Pernada.
El documento, que ha sido entregado por La Asociación de Usuarios de Internet (AUI) y la Asociación de Internautas (AI) en el propio Congreso de los Diputados, se ha enviado a los miembros de la Subcomisión de Propiedad Intelectual y a los responsables de los grupos parlamentarios encargados de debatir la aprobación de la Ley de Economía Sostenible.
De momento, el borrador de esta ley pretende, en su Disposición Final Primera, permitir que un órgano administrativo (y demasiado cercano a los intereses de las entidades de gestión de derechos de autor) pueda cerrar páginas web que publiquen enlaces a páginas en las que se vulneren obras protegidas por derechos de autor. La ambiguedad y una pésima (o interesada) redacción permitirán, en la práctica, utilizar la ley como una herramienta de censura capaz de cerrar páginas web (que al fin y al cabo son medios de comunicación) en cuatro días y sin la debida intervención de un juez.
La solicitud ha sido suscrita por 29 Ayuntamientos, 4.920 organizadores y 1.142.891 ciudadanos que la han firmado de manera individual. El texto presentado propone la eliminación del canon digital en un plazo de dos años y sus sustitución por un impuesto que grave la obra directamente y que se gestione de manera directa por el Gobierno, no por entidades privadas con ánimo de lucro. También propone la eliminación de la aplicación del impuesto a determinadas plataformas como radio, locales públicos u obras benéficas.