La actualidad de los últimos días está sacando a relucir, una vez más, la ineptitud de nuestra clase política. Google acaba de anunciar la mejora de su servicio Google Docs. Una mejora que permitirá almacenar gratis archivos de todo tipo en Internet desde el propio Google Docs. El servicio, que hasta ahora sólo dejaba alojar en los servidores de Google y compartir entre varios usuarios archivos de oficina, como documentos de texto, presentaciones o las hojas de cálculo, se amplía. Y permite subir cualquier tipo de archivo a un espacio virtual de 1 GB ampliable mediante asequibles cuotas anuales a razón de 20 céntimos de euro el giga.
En otras palabras, que cualquier usuario podrá colgar en Google Docs discos completos de música en MP3, videoclips o capítulos de series y compartirlos con sus amigos mediante un simple enlace HTML. Si la polémica disposición “antipiratería” de la Ley de Economía Sostenible propuesta por la ministra íngeles González-Sinde finalmente sale adelante, los servidores de Google también deberían ser inmediatamente cerrados (o sus usuarios expulsados) por enlazar contenidos protegidos por los famosos y tan rentables derechos de autor.
La polémica disposición contemplada en la nueva ley falla otra vez, demostrando la atrevida ignorancia de quienes la redactaron. Según Sinde, la ley está pensada para combatir páginas de enlaces como Cinetube. Páginas que, todo sea dicho, ya han sido llevadas ante los tribunales en los últimos años y sus casos sobreseidos por los jueces. La realidad es que la ley es tan agresiva que permitiría cerrar cualquier página por el mero hecho de enlazar un video en YouTube o no utilizar correctamente el derecho de cita.
Lo que el Gobierno no es capaz de entender es que virtualmente todo Internet es una herramienta que facilita la copia y puesta en común de conocimiento y, ateniéndonos a la ley, habría que inundar las oficinas de Google con peticiones para investigar qué es lo que comparten los usuarios en Google Docs y cerrar sus perfiles a mayor gloria de los beneficios de la SGAE. Después habría que cerrar o bloquear el acceso a otras páginas como Rapidshare, Megaupload, Flickr y un larguísimo etcétera.
Quizá, a lo largo de este año, la actualidad vuelva a poner de manifiesto la estulticia de la clase gobernante cuando Google se harte de censura a mayor gloria de una industria cultural española obsoleta y caza-subvenciones. Quizás así decida lanzar al gobierno español un ultimatum como el que acaba de lanzar a China. Tiempo al tiempo.
Entre los 666 «asesores» que paga Zapatero con nuestros impuestos, ¿no hay ni siquiera uno con conocimientos elementales de lo que es y puede ser Internet, para evitar que siga haciendo el ridículo a la hora de proponer nuevas leyes?
El gran perjudicado es Google. Se tendrá que ir de España, por motivos similares a los que se tendrá que ir de China.
Saludos,