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Carpetazo a la Ley de Economí­a Sostenible. El Gobierno español aprobó ayer en Consejo de Ministros la disposición genérica que se encuentra dentro de esta ley y que regula un conflictivo proceso para acabar contra las descargas ilegales en España. Éste contempla una serie de pasos entre lo jurí­dico y lo administrativo que permitirán el cierre cautelar de páginas web, cuya labor principal sea la de ofrecer enlaces a descargas a través de redes de intercambio P2P. Los Internautas ya se han manifestado en contra, ya que según ellos, la aprobación de esta disposición supone un claro retroceso de las libertades civiles en nuestro paí­s.

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Ayer ya contábamos como serí­a el procedimiento y ese mismo ha sido el que se ha aprobado en Consejo de Ministros. Para empezar, la Comisión de la Propiedad Intelectual será la encargada de recibir todas aquellas denuncias procedentes de discográficas o productoras y de estudiar al mismo tiempo si la página web que está en el punto de mira, comete alguna infracción. De considerarlo así­, la misma Comisión (formada por un grupo de profesionales expertos entre los que se encuentran miembros de la SGAE) podrá solicitar a un juez de la Audiencia Nacional, el cierre cautelar de la página web. La justicia tendrá desde entonces, cuatro dí­as para tomar una decisión y en el peor de los casos, echar el cierre a la página.

Como era de imaginar, la Coalición de Creadores (compuesta por miembros de todas las gestoras de derechos) ha aplaudido la decisión del Gobierno e incluso ha llegado a comentar que la medida será muy eficaz para combatir la piraterí­a. Su director Joan Navarro ha declarado que muy probablemente se crearán muchos más sitios con contenidos legales e incluso se llegará a generar la friolera de 20.000 puestos de trabajo. Demagogias aparte, los Internautas han rechazado de lleno la aprobación de esta disposición genérica. Y es que para más Inri, tan importante decisión no hará falta que sea aprobada por todos los diputados.

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Algunos profesionales ya han solicitado que estas medidas sean legisladas como una ley orgánica, dada la importancia de las medidas que en ella se contemplan. Pero esto no es todo. La Comisión de la Propiedad Intelectual también ha suscitado quejas. Y es que si tiramos de hemeroteca nos daremos cuenta de que la justicia nunca ha castigado el hecho de compartir archivos, dado que de momento no es considerado ilegal. En ese sentido, el problema está en que una Comisión tenga que dedicarse especí­ficamente a supervisar y a condenar algo que la justicia jamás ha tachado de punible.

Fotos de: dotmotion, ferran pestaña y arguez

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