Por todos es sabido que el futuro de las webs de descargas corre serio peligro, a raíz del anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible que el Gobierno quiere llevar cuanto antes a la práctica. Y aunque nada más conocer las medidas, los Internautas en peso salieron a la calle, parece que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está dispuesto a dar con la solución que más convenga a las partes implicadas. Aunque tal y como está el patio, esto último está más bien poco garantizado por lo que a Internautas se refiere.
Mañana ocho de enero, recién terminadas las vacaciones navideñas, el Ejecutivo se enfrenta a la dura tarea de debatir y sentar las bases del procedimiento mediante el que se cerrarán las páginas web dedicadas a ofrecer enlaces a las descargas. Nos referimos a las mismas que sirven de puente para enlazar los contenidos (películas, canciones, libros…) con los usuarios a través de redes de intercambio P2P. La receta todavía está en plena preparación, pero los ingredientes ya están sobre la mesa para confeccionar un plato que muy probablemente se sirva frío. Pero vamos a ver lo que se cuece.
Iniciar el cierre de una página web no es sencillo, aunque muy pronto se convertirá en pan comido para la Comisión de la Propiedad Intelectual. Un organismo compuesto por algunos expertos independientes, entre los que prometen estar abogados diestros en la materia, autoridades de Internet y hasta miembros de la SGAE o de cualquier otra gestora de derechos. Formada esta comisión, los propietarios de contenidos con derechos, es decir, las productoras, discográficas y si se tercia, Ramoncín, podrán denunciar ante la Comisión que una web ha distribuido sin autorización un archivo de su propiedad.
La Comisión de la Propiedad Intelectual será completamente autónoma para estudiar la denuncia y abrir un período de alegaciones a favor del denunciado. Si considera que éstas no son válidas o insuficientes, deberá informar al propietario de la página web de que debe retirar cuanto antes los contenidos de la página. Si éste se porta bien y accede a la voluntad de la Comisión, el problema quedará zanjado. Es en caso contrario cuando el Gobierno (no hay que olvidar que la Comisión pende del Ministerio de Cultura de González-Sinde) actuará de forma implacable.
Y aquí es cuando entramos de lleno en el controvertido problema del cierre de páginas web. La Comisión solicitará a la justicia una serie de medidas cautelares. Una de ellas será el cierre o la interrupción de la prestación de servicios de alojamiento a páginas nacionales o el bloqueo (y aquí entran al trapo Telefónica, Vodafone, Orange, etcétera) en caso de que sean páginas alojadas en el extranjero.
¿Y qué hará el juez en ese momento? Pues decidir si la Comisión es competente para pedir el cierre de una página web, además de ver si es lícito cerrarla o si se están vulnerando derechos fundamentales, como es el de la tan mentada libertad de expresión. El problema es que el Gobierno quiere incluir este procedimiento en un reglamento que no deberá pasar por el Parlamento para ser aprobado. Mañana sabremos cuáles han sido las conclusiones finales del Consejo de Ministros, claves para la aprobación de este modus operandi harto polémico.
Fotos de: Mike Inbet, guillaumepaumier y UK in Spain
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así como Hugo Chavez y en nombre de la democracia está introducciendo la Dictadura, lo están haciendo en España, pronto mas que tarde, estaremos a la altura de China, Marruecos o Venezuela donde los derechos de los ciudadanos son pisoteados en nombre de la LEY.
zapatero eres como hitler,que bajo has caido,pero a internet no se le puede poner puertas,arriba la libertad