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Hace ya tiempo que se intenta llegar a un acuerdo para bloquear el tráfico de archivos P2P en España. Las negociaciones, impulsadas por el Gobierno, se están desarrollando entre la Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones (Redtel) y una amplia coalición integrada por diversos proveedores de contenidos, discográficas y gestoras de derechos de autor. Las negociaciones, según informa expansión, están en punto muerto, lo que podría llevar al Gobierno a intervenir directamente si no se llega a una solución a corto plazo.

De momento, Redtel y la “Coaliciónsólo se han puesto de acuerdo para que las operadoras corten el acceso a sus clientes a cerca de un centenar de páginas web que ofrecen enlaces P2P a archivos protegidos con Copyright. El artículo 18 de la Constitución Española dice, entre otras cosas, que “Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial”. Pero parece que, en este caso, ninguno de los actores del proceso ve necesario ajustarse a la democracia ni al estado de derecho o a la legislación vigente.

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En lo que Redtel y las gestoras de derechos no se ponen de acuerdo es en las sanciones a aplicar a los ciudadanos que descarguen archivos protegidos con copyright. La industria discográfica internacional y las gestoras de derechos de autor abogan por cortar el acceso a Internet a estos usuarios si reinciden después de ser avisados tres veces. Por el momento, entre los amenazados estarían todos los clientes de Telefónica, Vodafone, Orange y Ono, los cuatro únicos asociados que figuran en la web de Redtel.

Las operadoras, quizá un tanto preocupadas por tener que ejercer de verdugos con sus propios clientes, creen que el problema se reduciría en un 90% simplemente avisando a los usuarios y prefieren que se establezca un sistema de sanciones económicas (vease “multas”) que sería gestionado por un organismo denominado Comisión de Control de Contenidos Digitales. En otras palabras, que si tiene que haber sanciones, que sean económicas y que sea otro el que las aplique, no sea que los internautas se enfaden y empiecen a darse de baja de los servicios de ADSL más caros de Europa.

A día de hoy, las negociaciones están en punto muerto y, de seguir así, podría ser el Gobierno, a través del Ministerio de Cultura y su nueva cabeza visible, la Ministra Gonzalez Sinde, los que tomarían cartas en el asunto mediante un decreto que regule las descargas. Según Expansión, el decreto-ley podría llegar antes de lo previsto ya que el Presidente del Gobierno no quiere seguir dando mala imagen (España es uno de los países incluidos por Estados Unidos en una lista negra de naciones piratas) ante la próxima visita del Vicepresidente estadounidense, Joe Biden. Biden, durante su pasada etapa de senador, ha sido un ferviente defensor de la industria discográfica contra las descargas en Internet.

FuenteADSLZone / Fotos: Kirk Lau / Don Solo

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