El culebrón SGAE no ha hecho más que empezar, pero la historia empezó a escribirse hace tiempo. Al menos, según empieza a desemarañar la Fiscalía Anticorrupción, el supuesto fraude y desvío de fondos de los que se le acusa, entre otras cosas, a miembros directivos de la Sociedad General de Autores y Editores (entre ellos, el presidente del Consejo de Dirección, Teddy Bautista), podría haber comenzado en 2003.
Pero no sólo eso. Parece ser que en 2005 fue cuando más se animó el ritmo de desviación de capitales. Y es que según publica hoy elmundo.es, fue en aquel año cuando la SGAE llegó a transferir a Microgénesis (una sociedad satélite que en principio no tiene nada que ver con la principal entidad española dedicada a la gestión de derechos de autor, pero que empieza a presentar más de una vinculación con la asociación) más de cuatro millones de euros, a razón de unos 335.000 euros mensuales.
Precisamente, uno de los fundadores de Microgénesis, José Luis Rodríguez Neri, es otro de los imputados por la trama que investiga la Audiencia Nacional a través de la Fiscalía Anticorrupción y que el pasado viernes 1 de julio comenzó con el registro de la sede de la SGAE en el Palacio de Longoria y la puesta a disposición del juez Pablo Ruz de cuatro de los sospechosos. Neri es, además, consejero de la SGAE, así como director general de la Sociedad Digital de Autores y Editores (o SDAE, división de la SGAE), y ya empieza a ser señalado como el principal cabecilla de toda una operación que, hasta ahora, contempla un supuesto fraude de unos 400 millones de euros procedente de recaudaciones en derechos de autor.
Es, como hemos señalado, en 2005 cuando tienen lugar los movimientos más escandolosos en los libros de cuentas de Microgénesis. Durante ese año, en las arcas de esa sociedad entran importantes cantidades de dinero procedentes de SDAE y Portal Latino. Convenientemente, un año antes de que empezasen los trasvases más sospechosos entre las entidades relacionadas con la SGAE y la propia Microgénesis, la mujer de Neri, María Antonia García Pombo, dejaba de ser la socia única de la empresa satélite que recibía los ingresos. García Pombo es otra de las sospechosas que fue puesta a disposición judicial el pasado viernes.
