El Batterygate sigue dejando titulares semanas después de conocer que Apple reduce el rendimiento de sus iPhone más antiguos. Y es que después de la sorpresa inicial del descubrimiento y la petición pública de disculpas por parte de Apple, comienzan a llegar las demandas por obsolescencia programada. Es decir, por hacer que sus dispositivos funcionen mal de forma interesada para, presumiblemente, obligar a los usuarios a comprar un nuevo iPhone. Ahora es Facua, en España, la que decide denunciar a los de Cupertino para investigar el caso ante la Fiscalía.
Tal y como informa la propia asociación de consumidores, Facua presentará una demanda ante la fiscalía a lo largo de esta semana con el fin de investigar el caso. Un procedimiento que imita lo visto ayer mismo en Francia, donde ya se ha iniciado la investigación por supuesta obsolescencia programada. En el caso de España son dos los supuestos delitos en los que habría incurrido Apple al ralentizar sus iPhones más antiguos: uno de ellos consistiría en la instalación de un software que modifica la vida útil del terminal sin avisar a los usuarios. El otro supuesto sería el de sabotaje informático al modificar el sistema del terminal también sin informar al usuario final.
Para Apple, la decisión de ralentizar el funcionamiento de los iPhone más antiguos se basa en mejorar la experiencia de los usuarios, no en obligarlos a comprar sus últimos dispositivos. Así lo afirmaba en un comunicado oficial el pasado 28 de diciembre: Sabemos que algunos de vosotros sienten que Apple les ha defraudado. Pedimos disculpas. Lo primero y más importante es que nunca hemos hecho, ni haríamos nunca, nada para acortar intencionalmente la vida útil de ningún producto de Apple ni degradar la experiencia del usuario para impulsar las actualizaciones de los clientes. Nuestro objetivo siempre ha sido crear productos que aman a nuestros clientes, y hacer que los iPhones duren el mayor tiempo posible es una parte importante de eso.
Así, los móviles más antiguos de Apple, con el fin de mantener su batería y vida útil durante más tiempo, se han vuelto más lentos y menos potentes. El problema reside en que muchos usuarios han decidido comprarse un nuevo iPhone cuando en realidad lo único que debían hacer era cambiar la batería para devolverle la agilidad al terminal debido al software que incluye Apple. Todo ello sin que el usuario supiera nunca el origen de los problemas del terminal.
Ahora solo queda esperar ante la decisión de la Fiscalía. El caso se inicia por la vía penal contra una persona jurídica. Algo que recuerda a casos como el de las emisiones nocivas de Volkswagen. Un procedimiento que, de llevarse a cabo, podría solucionarse con multas millonarias para Apple.
