Jenaro García Martín, el consejero delegado y presidente de la compañía española Gowex, acaba de asumir la responsabilidad de falsear las cuentas de su empresa durante, al menos, los cuatro últimos años. Al mismo tiempo, Jenaro García Martín ha declarado el concurso de acreedores de su compañía de WiFi y ha presentado su dimisión (la cual ya ha sido aceptada por el Consejo de Administración).
Para ponernos en antecedentes debemos saber que Gowex es una empresa española que hasta ahora se ha especializado en crear ciudades inteligentes con conexiones gratuitas de WiFi. La polémica surgió esta misma semana, cuando un informe de la empresa consultora Gotham City Research acusó a Gowex de haber manipulado sus cuentas para engañar a sus acreedores ofreciendo cifras muy alejadas de la realidad. Aunque en un principió hubo ciertas dudas respecto a la veracidad del informe, especialmente debido a que esta consultora se aprovecha de las caídas de los valores en el mercado para obtener beneficios, finalmente ha sido el propio presidente de la compañía el que ha desvelado la mentira sobre la que ha estado sostenida la empresa durante los últimos años.
Tras toda esta polémica, los mayores afectados en estos momentos son los acreedores que han invertido su propio dinero para financiar las inversiones de la compañía Gowex. De hecho, además de los inversores privados, uno de los afectados de esta trama es el propio ICO (el Instituto Oficial de Crédito), al cual se le adeuda en estos momentos una cifra que alcanza los 8,92 millones de euros. Según las cuentas oficiales de Gowex, la empresa tuvo un beneficio neto de 28,8 millones de euros en el año 2013, mientras que en el año 2012 la cifra fue ligeramente inferior, 17 millones de euros. Dado que se trata de cuentas completamente manipuladas, la empresa ya se ha comprometido a aclarar estas cifras el próximo lunes 7 de julio.
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Pero la de Gowex es una historia de claros y oscuros, una historia en la que durante los últimos años ha habido dos bandos claramente posicionados: el bando de los que defendían a ciegas a la empresa y el bando de los que advertían de que algo estaba yendo mal en las cuentas. En ningún momento hizo presencia el que debería haber sido el árbitro de esta disputa, el MAB (el Mercado Alternativo Bursátil) o la CNMV (la Comisión Nacional del Mercado de Valores).
Probablemente a partir de aquí solamente queda por delante una larga historia de batallas legales en las que los afectados deberán luchar para tratar de conseguir recuperar una mínima parte del dinero que invirtieron en la empresa. No mucho menos preocupante es el caso del préstamo del ICO, el cual al fin y al cabo no deja de ser un organismo que se nutre de dinero público y que, por lo tanto, resulta inexplicable que haya podido conceder un préstamo teniendo delante unas cuentas que resultaban estar completamente manipuladas.
