El dueño de Megaupload desvela que polí­ticos de EEUU usaban sus servicios

El cierre de Megaupload sigue trayendo cola. El propietario, Kim Schmitz, alias Kim Dotcom, se encuentra en libertad bajo fianza desde finales de febrero. Ni él ni los tres directivos de la compañí­an han sufrido dificultades, porque su negocio era realmente boyante: 175 millones de dólares (unos 140 millones de euros) de facturación en seis años. Ahora, Kim está recluido en su mansión de Auckland (Nueva Zelanda), con una tobillera de vigilancia electrónica en una pierna. Se enfrenta a cargos de robo de propiedad intelectual a gran escala, blanqueo de dinero y conspiración criminal. Desde allí­ está preparando su defensa para evitar la extradición a Estados Unidos, en un juicio cuya celebración está prevista para agosto.

Eso no ha impedido que su equipo legal esté negociando con el Departamento de Justicia de Estados Unidos el destino de los datos personales de los usuarios del servicio. Tras el secuestro de Megaupload, internautas de todo el mundo se han quejado de la pérdida de ficheros personales, con fotos privadas o materiales de trabajo. En definitiva, archivos propios que no infringen ningún derecho de propiedad intelectual. El objetivo de las negociaciones es conceder un acceso temporal a los usuarios para que puedan recuperar sus datos personales.

Los responsables de Megaupload están barajando varias posibilidades para que los usuarios puedan recuperar sus archivos. El proceso parece que han descubierto que hay muchas cuentas a nombre de polí­ticos y miembros del gobierno de Estados Unidos. Según unas recientes declaraciones del Kim Dotcom a Torrentfreak, han encontrado “numerosas cuentas” pertenecientes a funcionarios estadounidenses, incluyendo personal del Departamento de Justicia, y senadores. El dueño de Megaupload también comenta que esperan tener permiso pronto para darles a todos ellos y al resto de usuarios acceso a sus ficheros.

El riesgo de pérdida de los ficheros legí­timos subidos en su dí­a a Megaupload es muy alto. Y eso puede tener consecuencias legales, derivadas de las reclamaciones de los usuarios en los tribunales. En realidad, los clientes perjudicados ya se están organizando para preparar demandas civiles colectivas. Es el caso de la asociación Electronic Frontier Foundation (EFF) en Estados Unidos, que de momento continúa identificando a internautas que no pueden acceder a sus ficheros personales almacenados en Megaupload.

Las negociaciones entre las autoridades estadounidenses y los abogados de Megaupload pueden acabar en una buena noticia para los usuarios del cyberlocker. Y no es precisamente porque ni los unos ni los otros sean unas hermanitas de la caridad. Borrar datos sin una orden judicial directa y previa acarrea responsabilidades. Suele compensar seguir pagando los costes de alojamiento hasta que la situación se aclare, antes que enfrentarse a una oleada de pleitos. Las demandas civiles colectivas a través de asociaciones de consumidores presentan muchas probabilidades de éxito.