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El diario El Paí­s acaba de publicar un informe en el que resume las últimas intervenciones del gobierno norteamericano para conseguir que el gobierno español apruebe el Reglamento que pone en práctica la ley Sinde. El último en darle un tirón de orejas al flamante presidente Mariano Rajoy fue Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. En una carta enviada poco antes de la aprobación del polémico reglamento en el último Consejo de Ministros de 2011, le pedí­a que tomará medidas firmes en materia de propiedad intelectual e industrial, y que muchas empresas norteamericanas pensaban que la ley Sinde eran un avance.

Llegaba incluso a decir que la negativa del gobierno Zapatero a aprobar el Reglamento poní­a en peligro la imagen de seriedad de España en el campo de la defensa de los derechos de autor. También le conminaba a que promoviera una legislación clara que penalizase de forma contundente la piraterí­a industrial e intelectual. Al parecer, Rajoy ha ofrecido bastante menos resistencia ante las presiones que su antecesor Zapatero, quien se negó a aprobar el Reglamento en su último Consejo de Ministros ante la reacción negativa que habí­a provocado en la redes sociales. Y eso que pocos dí­as antes habí­a recibido un durí­simo tirón de orejas del embajador norteamericano por no haberlo probado en un Consejo anterior.

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El embajador Alan Solomont envió el dí­a 12 de diciembre una carta a José Luis Rodrí­guez Zapatero, para expresarle el enfado del gobierno norteamericano ante su negativa a aprobar el reglamento que persigue la descarga de contenidos con copyright en Internet. Acusa al gobierno de fracasar a la hora de terminar el trabajo, y que sólo por razones polí­ticas ha puesto en peligro la reputación y la economí­a españolas. Amenaza con incorporar a nuestro paí­s de nuevo al grupo de vigilancia prioritaria, una especie de lista negra de paí­ses que no se pliegan a los caprichos de Hollywood, y en consecuencia son susceptibles de sufrir cierto tipo de sanciones económicas camufladas como tutela

El embajador le recordaba al ex presidente español que su gobierno habí­a adquirido compromisos con los dueños de los derechos de autor y con el propio gobierno norteamericano, y que no se podí­an permitir el lujo de faltar a su palabra. Decí­a textualmente que «la rampante piraterí­a en Internet daña la economí­a de España y sus industrias culturales». Por fin exigí­a al gobierno español que aprobara el reglamento para salvaguardar la reputación de España como paí­s innovador, en quien se puede confiar, y que cumple con sus compromisos internacionales. De esta manera los norteamericanos ven premiada una labor de lobby y presión que ha durado casi seis años, durante los que ha colaborado con las sociedades de gestión de derechos de autor, mientras presionaba a gobiernos y partidos polí­ticos.

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