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Acaba de filtrarse un informe elaborado por el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que afirma textualmente «una medida que ordena a un proveedor de acceso a Internet que establezca un sistema de filtrado y de bloqueo de las comunicaciones electrónicas, con el fin de proteger los derechos de propiedad intelectual, vulnera en principio los derechos fundamentales«. Dicho de otra manera, si el filtrado y el bloqueo de las comunicaciones electrónicas que tengan que ver con el intercambio de archivos, es indiscriminado, es ilegal.

Este informe se produce tras una consulta llevada a cabo en el curso del litigio que enfrenta a la SABAM belga, equivalente a la SGAE española, con el proveedor de acceso a Internet Scarlet Stended. Los de autores pedí­an a un tribunal que obligara al proveedor de acceso a Internet a filtrar y bloquear todas las comunicaciones que tuvieran que ver con el intercambio de archivos en redes P2P. La Comunidad Europea en un principio afirmó que el bloqueo era posible, pero ahora se ha hecho público parte del informe del Tribunal Justicia Europeo dictando en contrario.

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El ponente del informe, señor Cruz Villalón, magistrado español y abogado general del tribunal, afirma que desde su punto de vista una limitación de los derechos y libertades de los internautas como la que le consultan, «sólo resulta admisible si descansa en una base jurí­dica nacional accesible clara y previsible». Afirma que constituirí­a una limitación del derecho al respeto del secreto de las comunicaciones y de los datos de carácter personal.

De igual manera, la instalación de un sistema de bloqueo y filtrado indiscriminado limitarí­a la libertad de información protegida por la Carta de Derechos Fundamentales. Por fin, una petición como esa traslada la responsabilidad jurí­dica y económica de la lucha contra las descargas ilegales de las obras pirateadas en Internet a los proveedores del servicio. Aunque la sentencia del caso  SABAM contra Scarlet tardará todaví­a varios meses en conocerse, es muy posible que el juez encargado siga las directrices del tribunal superior de justicia de la Unión Europea.

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