Ley Sinde, soluciones a golpe de subvención contra las descargas no autorizadas

El Ministerio de Cultura ya ha puesto en marcha el mecanismo que sirva para acallar crí­ticas contra su polémica Ley Sinde. Nos referimos a la Disposición Segunda de la Ley de Economí­a Sostenible (LES), a partir de la cual se llama a la creación de un comité que lleve ante la Justicia a aquellas webs de enlaces que se encarguen de facilitar la difusión no autorizada de material protegido por la Ley de Propiedad Intelectual.

Pues bien, como decí­amos, uno de los puntos que formaba parte de la estrategia ministerial pasaba por animar a la creación de nuevas fórmulas que sirviesen para apoyar el desarrollo de iniciativas que hagan de Internet un aliado, y no un enemigo, como de un tiempo a esta parte parece haber entendido Cultura a partir de las manifestaciones de la titular de esta cartera. Para ello, se ha publicado en el Boletí­n Oficial del Estado (BOE) una convocatoria en la que se exponen las condiciones para acceder a ayudas a la financiación de empresas que promuevan la cultura en la red. La dotación de estas ayudas asciende a un total de 5,62 millones de euros. No está mal.

En el texto del ministerio, se deja claro que el acceso a las ayudas no puede representar más del 70 por ciento de la financiación total que requiera la empresa o la actividad del autónomo o creador que solicite una dotación. Es por ello que el resto tendrí­a que salir del bolsillo del interesado.

Aunque la convocatoria se inscribe en el Plan de Fomento de las Industrias Culturales y Creativas, este año la publicación de las condiciones del pliego son especialmente interesantes, ya que los fondos que se repartan como parte de esta acción podrí­an tener mucha importancia en la polí­tica tácita de Cultura por incentivar la explotación autorizada de contenidos protegidos a través de Internet, sirviéndose de fórmulas que no vulneren los derechos de los creadores y editores.

Y es que ahí­ es donde ha residido el principal escollo que ha enquistado un debate que ha acabado con el desengaño de los usuarios de Internet hacia la clase polí­tica, y de los artistas hacia los internautas, sobre quienes ha llegado a pesar una sombra casi criminal en sus acciones. Acciones que, por otro lado, la Justicia española todaví­a no ha reconocido como punibles.