La ley antidescargas, también conocida como Ley Sinde o Ley de Economía Sostenible en su versión más oficial, está causando más inquietud de lo que el Gobierno esperaba en un principio. Después de camuflar la ley que permitirá el cierre cautelar de páginas web, en otra disposición que pretende hacer más sostenible la maltrecha economía de nuestro país, algunas asociaciones de internautas han decidido quejarse hasta llegar al fondo de la cuestión.
No hay que olvidar que la ley antidescargas fue aprobada el pasado domingo en Consejo de Ministros tal y como fue redactada en el mes de febrero. El caso es que los internautas piensan llevar la ley antidescargas al Tribunal Constitucional si el Gobierno no rectifica y retira la propuesta de ley.
Las asociaciones de Internautas tuvieron ayer la oportunidad de participar en el pleno del Senado para manifestarse contrarios a la ley antidescargas. Una ley que todavía no ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados, pero que si todo sigue su curso normal, podría estar vigente a partir del mes de junio. En cualquier caso, dichas asociaciones han reiterado que no solicitan la modificación de las disposiciones de esta ley, sino que exigen su retirada al completo, cuyo texto trata específicamente la protección de la propiedad intelectual y las medidas a tomar contra aquellos que decidan piratear contenidos protegidos.
Hasta en tres tribunales piensan denunciar los internautas la aprobación de la ley antidescargas: al Tribunal Constitucional, al de Defensa de la Competencia y al de los Derechos Humanos. El caso es evitar sea como sea la puesta en marcha de una ley que permitirá, como en los viejos tiempos, cerrar páginas web a voluntad de la SGAE. Y es que esta gestora de derechos de autor será una de las que formará parte de la Comisión que estudiará el caso de cada página web denunciada y solicitará el correspondiente cierre al juez. Éste tendrá cuatro días para ordenar el cierre cautelar.
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